Maxi Aquino: una década de la injusticia en Corrientes

Se cumplieron 10 años del crimen de Maximiliano Rodrigo Aquino, un joven estudiante de Agronomía oriundo de San Roque, cuyo asesinato conmovió a toda la provincia de Corrientes y que finalmente ha quedado impune.

Lo que en su momento pareció un caso resuelto con la condena de un acusado, ha quedado como una herida abierta que exhibe las falencias del sistema judicial y policial, dejando a la familia Aquino sin la certeza de saber quién le arrebató la vida a su hijo: el único acusado -José Andrés Altamirano, "Josele"- terminó absuelto debido a que, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la investigación policial presentó irregularidades irremediables que fueron obviadas por todas las instancias judiciales a nivel provincial.

Aquel gélido y fatídico 1 de agosto de 2015, la calle Uruguay al 700 se tiñó de sangre derramada de Maxi Aquino, de apenas 21 años, quien en un intento de resistirse a un robo y de proteger a Melisa Arrúa, la mujer con la que regresaba de una peña universitaria en el Club de Regatas, recibió 14 puñaladas en todo el torso, una de ellas dio en el corazón.

Ambos estudiantes universitarios fueron interceptados en dicha calle del barrio Aldana. Un intento de asalto en motocicleta terminó en tragedia: el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde murió. La conmoción fue instantánea y la presión social por una rápida resolución se hizo sentir.

En cuestión de horas la Policía anunció la detención de Altamirano, señalándolo como el autor material del crimen. Días después se entregaría Oscar Godoy, acusado de ser el conductor de la motocicleta. La maquinaria judicial se puso en marcha, pero las primeras grietas en la investigación no tardaron en aparecer. Durante la instrucción del caso, que se rigió bajo el antiguo Código Procesal Penal, Oscar Godoy fue sobreseído por falta de mérito. Una coartada sólida y la ausencia de pruebas contundentes a su favor lo liberaron de la acusación. Sin embargo, Josele Altamirano siguió un camino diferente. Procesado, la evidencia principal en su contra era una mancha de sangre de Aquino encontrada en un pantalón durante un allanamiento a su domicilio en el barrio Seminario.

Desde el inicio la familia de Altamirano denunció irregularidades. Sostenían que el pantalón ensangrentado había sido "plantado" por la Policía y que Josele fue torturado por la Brigada de la Dirección de Investigación Criminal para que se "hiciera cargo" del homicidio. Estas graves acusaciones, que apuntaban directamente a la labor policial, sembraron dudas sobre la legitimidad de las pruebas.

El juicio llegó y Altamirano fue condenado a 22 años de prisión por el delito de "homicidio simple". La sentencia fue ratificada en la instancia de Casación por el Superior Tribunal de Justicia. Parecía que el caso estaba cerrado. No obstante, la perseverancia de la defensa de Altamirano llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí, la máxima instancia judicial del país reconoció que hubo irregularidades en la investigación que lesionaron las garantías constitucionales de defensa del acusado. La sentencia fue revocada.

El giro fue drástico y sin retorno, ya que por ley nadie puede ser acusado dos veces por el mismo delito. Altamirano quedó excluido de una nueva imputación y la investigación judicial, que no había podido dar con el coautor del hecho, no tiene ningún sospechoso y el expediente se aletarga a la espera de expirar, aunque para fenecer aún le reste unos 15 años, siendo el 2040 la fecha del eventual archivo del expediente.

A una década, el crimen se volvió una deuda mientras solo queda la placa recordatoria en la vereda en que fue asesinado Maxi, repuesta tras la construcción de un nuevo edificio, y a cuatro cuadras de allí, en la Facultad de Agronomía, un Guayaibí crece en su honor.s