Pedido a legisladores nacionales para ratificar la Emergencia en Discapacidad
La noche del martes último, la plaza 25 de Mayo volvió a ser escenario de un fuerte reclamo social. Familias de personas con discapacidad, junto a prestadores de salud y educación, se manifestaron para exigir a los legisladores nacionales por Corrientes que rechacen el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y que ratifiquen su sanción en el Congreso.
Con pancartas y consignas como "Sin ley no hay vida digna", "Nuestros derechos no esperan" y "No al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad", los manifestantes remarcaron que la norma aprobada recientemente por ambas Cámaras es clave para garantizar la cobertura de prestaciones, la inclusión en obras sociales y la recomposición de aranceles congelados desde hace meses.
Marcela Kriskovich, una de las referentes presentes, resumió el espíritu de la convocatoria: "Pedimos a los legisladores correntinos que sostengan la legislación y que hagan que las leyes se cumplan. El veto presidencial desconoce la emergencia que vive el sector y agrava la exclusión".
El reclamo tuvo también un fuerte componente político-institucional. Kriskovich volvió a criticar la falta de empatía del gobierno nacional y respondió a declaraciones del candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón -quien también es diputado nacional y votó en contra del fondo especial para discapacidad-, en las que vinculó la asignación de pensiones con casos de corrupción.
"Almirón está equivocado. El gobierno nacional ha quitado pensiones a gente que probadamente las necesitan. Si hay corrupción, que se investigue, pero aprobar el fondo de emergencia no va a generar desequilibrio fiscal", sostuvo. Y agregó: "Este no es un reclamo organizado por la oposición política, es un problema que atraviesa a toda la sociedad y que está en emergencia".
AL LÍMITE
Desde el sector de prestadores, la situación es igualmente alarmante. Marcela Kriskovich, de Prestadores de Discapacidad Unidos, denunció que el veto presidencial bloquea derechos básicos: "Están vetando la inclusión de personas con discapacidad a obras sociales. Si hoy querés afiliarte a una prepaga o una obra social con un hijo con discapacidad, te rechazan. Eso es excluirlos de la salud".
Además, señaló que las tarifas están congeladas desde hace ocho meses y que los pagos se demoran entre 60 y 120 días. "Tenemos hogares y centros educativos terapéuticos que venden empanadas o ropa para subsistir. Hay profesionales que recién en julio cobraron lo trabajado en marzo", ilustró.
Los datos expuestos por la referente son contundentes:
- Una maestra integradora percibe entre $307.000 y $350.000 por 40 a 80 horas mensuales, cobrando a 90 días o más.
- Los talleres protegidos pagan sueldos de $30.000 mensuales.
- Las pensiones no contributivas rondan los $200.000 netos, lejos de la canasta básica.
- El transporte por kilómetro se paga a $541,76, con un aumento irrisorio de $0,12.
Otro foco de conflicto es la baja de pensiones no contributivas. Según Kriskovich, el Gobierno dio de baja a 110.000 beneficios, pero no precisó cuántos correspondían efectivamente a personas que cumplían los requisitos. "Hay electrodependientes y pacientes con enfermedades degenerativas que no pudieron asistir a auditorías y les quitaron el beneficio. Además, piden estudios actualizados de enfermedades irreversibles. Una consulta con un neurólogo cuesta $150.000, ¿cómo hace una familia humilde para presentar eso en 30 días?", cuestionó.s
Tras la marcha del martes solicitan un censo nacional que permita dimensionar la problemática y definir políticas basadas en datos ciertos.