La política contamina el caso por la peor tragedia farmacéutica del país 

La polémica en torno al fentanilo contaminado es­caló al más alto nivel del poder ejecutivo y judicial, revelando la profunda poli­tización del caso. El propio presidente Javier Milei, du­rante un acto de campaña en La Plata, apuntó direc­tamente contra Ariel Gar­cía Furfaro, a quien calificó como "un eterno socio kir­chnerista". En un discurso que encendió a la militancia con el cántico de "Asesino, asesino", Milei fue más allá y puso en tela de juicio el accionar de la Justicia. "No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. To­memos como ejemplo el en­cubrimiento atroz de Ariel Furfaro", disparó el manda­tario (ver más en la nota de abajo). 

La declaración más con­tundente, sin embargo, llegó cuando el Presidente deslizó una grave acusación de conflicto de intereses: "¿Acaso es casualidad que el juez de la causa (Ernesto Kreplak) justo sea el her­mano del ministro de Salud (Nicolás Kreplak) de Kicillof (el gobernador bonaerense, Axel)?". La respuesta no se hizo esperar. El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, le replicó con firmeza al Gobierno, a través de la agencia Noticias Argentinas. "Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstener­se de interferir en una causa penal en curso", afirmó con contundencia. El magistra­do defendió la investigación que lleva adelante y criti­có duramente la postura del Ejecutivo. "Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investiga­ción hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judi­cial bien hecho", sostuvo, en referencia a las trabas que, según él, ha enfrenta­do el caso. El comunicado oficial de la Vocería Presi­dencial, a cargo de Manuel Adorni, había calificado a García Furfaro como "el Se­ñor del Fentanilo" y había advertido que si Kreplak no ordenaba su inmediata detención, lo recusaría por el "conflicto de intereses" que representaba su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense. El juez, en su mensaje, cerró con un pedido de mesura: "Respeto por las víctimas y las insti­tuciones".

La gravedad de la situa­ción también fue denun­ciada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien no dudó en calificar el caso como "la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país". En una entrevista con Radio Riva­davia, el intendente expuso los antecedentes del labo­ratorio, vinculando el he­cho con una explosión de un laboratorio en 2016 en Rosario, "con los mismos titulares y el mismo grupo que después se va a Rama­llo". Javkin recordó que el laboratorio Ramallo ya te­nía advertencias de la An­mat por la producción y la calidad, pero no se habían tomado medidas. "Después aparece lo de la vacuna Sputnik, ahora aparece el fentanilo contaminado", agregó, sugiriendo un pa­trón de presunta negligen­cia. A pesar de los vínculos políticos del empresario con el kirchnerismo, Javkin hizo un llamado a no politizar el tema: "Pedimos respeto a los familiares y no meter esto en un barro o discusión electoral porque es un caso gravísimo y falta mucho por transitar".

Las palabras de Javkin resonaron con las de los fa­miliares de las víctimas, que han sido los más afectados por esta tragedia. Luis Ayala, padre de Leonel, quien fa­lleció a causa del fentanilo, expresó a Noticias Argenti­nas su indignación por las declaraciones del empresa­rio. "Venimos escuchando a Furfaro y la verdad es que es un irrespetuoso con lo que dice, se contradice él mis­mo, se nota que está deses­perado", afirmó. Ayala relató el calvario de su hijo, quien tras ser operado, recibió el fentanilo contaminado, lo que provocó un "desgaste total en su organismo" y su posterior muerte. 

ARIEL GARCÍA FURFARO

"Si tengo algo que ver con las muertes que me corten la cabeza"

En medio de una de las tragedias más os­curas y escandalosas de la historia reciente de Argentina, que ya acumula 87 muertes confirmadas y otras nueve en investigación en la localidad de Bahía Blanca, el empresa­rio Ariel García Furfaro, dueño de los labo­ratorios HLB Pharma y Ramallo SA, rompió el silencio con una declaración que resonó como una bomba en el ámbito público y ju­dicial: "Si tengo algo que ver con el fentanilo contaminado y las muertes, que me corten la cabeza". Esta desafiante afirmación, ex­presada en un diálogo televisivo con el ca­nal TN, es la punta de lanza de una insólita y audaz defensa que ha puesto a un sector de la opinión pública en estado de perple­jidad. El empresario, cuya figura ha estado fuertemente ligada al kirchnerismo, sostie­ne que es víctima de una "maldad" orques­tada en su contra. De acuerdo con sus pro­pias palabras, el origen de esta persecución se remonta a un incidente en el que se negó a pagar sobornos. "Cuando me mandaron a cobrar coimas del Pami los saqué a patadas en el culo. Y hoy estoy pagando las conse­cuencias", sostuvo García Furfaro, tejiendo una narrativa donde se presenta, no como un implicado en la tragedia, sino como un damnificado de un sistema de corrupción que ahora busca vengarse. Esta versión, sin embargo, no ha logrado convencer a la Jus­ticia ni a los familiares de las víctimas, que exigen respuestas y justicia ante una de las crisis sanitarias más graves de los últimos tiempos. García Furfaro insiste en que, has­ta el momento, "no se demostró que alguna ampolla haya matado a una persona". Una afirmación que, para los deudos de los falle­cidos, suena a una provocación en medio de su dolor. El empresario no niega la posibili­dad de que haya habido un problema, pero lo minimiza a un "caso de negligencia". Con esta estrategia, busca desviar la atención de un presunto delito doloso a un simple error humano, con implicaciones legales y pena­les mucho menos graves. Es una apuesta arriesgada, considerando la magnitud de la tragedia y la atención mediática que ha ge­nerado el caso. La cifra de fallecidos sigue en aumento, y la sociedad clama por una explicación contundente. Además de las acusaciones de conspiración, el empresario también ha utilizado su plataforma pública para reafirmar sus convicciones políticas. En una entrevista con la periodista Camila Do­labjian, de Radio Rivadavia, García Furfaro confirmó su admiración por la ex presiden­ta Cristina Kirchner, utilizando una curiosa justificación para su fanatismo: "¿Cómo no la voy a admirar a Cristina si dicen que no es abogada?". Con esta frase, el empresario intentó hacer una declaración de lealtad po­lítica, que muchos interpretaron como un intento de politizar la causa judicial en su contra y buscar el apoyo de un sector del po­der. En la misma entrevista, el dueño de los laboratorios admitió haberse reunido con el ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, justificando el encuentro con una simple admiración mutua. Más llamativa aún fue su explicación por la aparición de su domi­cilio en la documentación de una empresa vinculada al empresario Lázaro Báez. García Furfaro intentó desvincularse de cualquier ilícito, argumentando que el contador de Báez "tenía el domicilio, pero después fue con Top Air", en un intento de explicar una de las tantas conexiones que lo ponen bajo la lupa de los investigadores.s