Los más pequeños pagan con su vida los descuidos e indiferencias de sus padres

ser una jornada para celebrar a los más pequeños, pero en la Argentina se convierte también en un espejo incómodo que refleja la falta de cuidado y compromiso de los adultos.

Dos datos recientes, provenientes de ámbitos diferentes, convergen en una misma preocupación: la infancia se encuentra cada vez más expuesta a riesgos de vida por la desidia de quienes deberían protegerla.

La jueza de Familia, Niñez y Adolescencia Nº4 de Corrientes, Carolina Macarrein, reveló la semana pasada en una entrevista con la radio LT7, que siete de cada diez padres no cumplen con el pago de la cuota alimentaria. La magistrada decidió hacer público el dato al dictar un fallo singular: obligó a un progenitor incumplidor a leer El Principito, con el objetivo de que reflexione sobre su rol, la empatía y la responsabilidad hacia sus hijos.

"Las madres no descansan, no pueden trabajar, y eso me hace empatizar mucho más con su situación", explicó Macarrein, al remarcar que el incumplimiento es un problema estructural. El caso puntual que resolvió mostró a un padre que intentó evadir su obligación alegando tecnicismos vinculados al vencimiento de un certificado de discapacidad. La jueza advirtió que este tipo de maniobras son cada vez más frecuentes: excusas legales para eludir un compromiso que debería ser ético y humano antes que jurídico.

El fallo busca abrir un debate de fondo: ¿qué significa ser padre o madre en la Argentina de hoy? Más allá de la retórica, lo cierto es que millones de niños crecen sin el sustento básico que les corresponde por derecho, porque los adultos deciden priorizar sus propios intereses, dejando en segundo plano la vida de quienes dependen de ellos.

INSEGURIDAD FÍSICA

La irresponsabilidad, sin embargo, no se limita al plano económico. También se extiende al ámbito más elemental de todos: la seguridad física.

Un estudio conjunto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del hospital Garrahan, publicado por el diario Infobae este fin de semana, dice que el 82% de los chicos que viajan en moto lo hacen sin casco.

El dato es estremecedor: cada año mueren entre 120 y 150 menores en accidentes de motocicleta. Uno de cada cuatro que logra sobrevivir queda con secuelas permanentes. Lejos de ser una rareza, esta realidad se repite en provincias del norte argentino donde la práctica de transportar niños en moto, sin ninguna medida de seguridad, se ha vuelto costumbre.

La explicación es compleja, pero no justifica la omisión. Es cierto que un casco infantil homologado cuesta entre 20.000 y 35.000 pesos, una cifra inaccesible para muchas familias. También es cierto que el Estado y algunas ONG han impulsado programas de entrega gratuita. Sin embargo, detrás del argumento económico se esconde una matriz cultural: la baja percepción del riesgo y la naturalización del peligro.

A POCAS CUADRAS DE CASA

"En trayectos cortos no pasa nada", suelen decir muchos adultos. Pero las estadísticas desmienten ese mito: la mayoría de los siniestros más graves ocurren a pocas cuadras del hogar. El múltiple campeón de motociclismo Sebastián Porto lo resumió con crudeza: "Subirse a una moto sin casco, incluso por trayectos cortos, es un error que puede cambiar una vida en segundos".

Los pediatras lo advierten con insistencia: el cráneo infantil todavía está en desarrollo y los golpes tienen consecuencias devastadoras. Los especialistas del hospital de niños de Córdoba sostienen que un casco reduce en un 70% el riesgo de lesiones graves en la cabeza. Sin embargo, la decisión final no la toman los niños: la toman los padres.

Así, tanto en el plano económico como en el físico, los adultos se convierten en el principal factor de riesgo de la niñez. Los padres que no pagan la cuota alimentaria condenan a sus hijos a vivir en la precariedad. Los que los suben a una moto sin casco los exponen a una muerte absurda. En ambos casos, la falta de empatía y de responsabilidad adulta se traduce en vidas frágiles y destinos quebrados.

PRIORIDADES

El Estado y las organizaciones sociales pueden impulsar campañas, como "Regalale un casco, no un susto", o dictar fallos ejemplificadores como el de Macarrein. Pero si los adultos no asumen que ser padres implica priorizar siempre la vida y el bienestar de sus hijos, ninguna ley o política pública alcanzará.

Los especialistas coinciden en que no bastan las normas: la ley Nacional de Tránsito exige el casco y la Justicia obliga a pagar alimentos. Pero mientras los adultos busquen excusas, nada cambiará. La seguridad y la vida de los niños dependen, en última instancia, de que los mayores asuman su responsabilidad.

No se trata solo de cumplir con una cuota o de colocar un casco: se trata de entender que los niños dependen de la responsabilidad de los adultos para crecer y vivir.s