Reformas que necesitan consenso
La idea de la "competencia fiscal" que la administración libertaria de Javier Milei piensa impulsar para que las provincias y los municipios atraigan inversiones a través de la rebaja o quita de impuestos es parte del paquete de proyectos que el gobierno planea llevar al Congreso Nacional en el próximo período legislativo. Se trata de la muy mentada reforma impositiva que con todas las gestiones presidenciales se agota en el amague sin llegar al Palacio de las Leyes. El resultado que arrojen las urnas en octubre próximo definirá si Milei acomete o no con esa iniciativa.
Si dependiera del número de legisladores (diputados y senadores) propios el proyecto nunca vería la luz, sucede que aun con un éxito formidable en las elecciones del 26-O el gobierno nacional no conseguirá reunir la cantidad de voluntades indispensables para mover un trámite parlamentario a su antojo. Los pronósticos indican que a La Libertad Avanza le irá muy bien, pero ni siquiera así logrará tener quórum para sesionar y aprobar los proyectos sin obstáculos. En otras palabras, Milei tendrá que seguir acordando con otros sectores para avanzar con sus propuestas.
Un cambio profundo del esquema impositivo es, sin duda, una de las asignaturas pendientes en una agenda pública cargada de apuros. En ese listado también esperan turno la reforma del sistema previsional y las modificaciones al régimen laboral.
Además del gobierno, que aboga por un modelo ultraliberal, el sector empresario está especialmente interesado en esos tres ítems; ahora bien, la posibilidad cierta de que la Casa Rosada no consiga vertebrar una mayoría superlativa en las dos Cámaras del Congreso Nacional abre una luz de esperanza en el sentido de que no habrá imposiciones. Estarán obligados a negociar.
Ya no hay espacio para medidas antojadizas, las definiciones se deben tomar en conjunto observando el interés de todos y no solamente de unos pocos.
Es verdad que se necesitan reformas, por ejemplo en el esquema impositivo, también en el régimen de aportes para las jubilaciones, lo que está directamente atado al mercado laboral, pero los cambios no pueden estar sujetos únicamente a variables econométricas. Si las leyes no atienden a la humanización de las relaciones es letra muerta.
La reforma laboral pensada solamente en función de la necesidad del capital empresario es una regresión intolerable, más temprano que tarde habrá de disparar una reacción social. Es imprescindible encontrar el punto justo de equilibrio entre las necesidades de la patronal y los trabajadores. Para hallar ese estado ideal es menester contar con legisladores preparados no simple levanta manos.
Un buen caso para analizar es la denominada "competencia fiscal", que Milei pretende instalar a caballo de la reforma tributaria. Qué implica el proyecto: sacar impuestos o tributos municipales, reducir al mínimo la carga y dejar en manos de los agentes de recaudación (provincias y comunas) la potestad de fijar el valor de las alícuotas. Según el razonamiento oficial, aquellos estados que pongan los impuestos más baratos conseguirán atraer más inversiones. Esto generaría -dice la teoría gubernamental- una competencia fiscal entre los distritos para seducir a los inversores.
¿Y mientras tanto, qué? Esa pregunta es la parte gris de la teoría. En el supuesto de que se consiga implementar la reforma, con la competencia fiscal, significaría que los empresarios desmontarían sus operaciones en una provincia para mudarse a otra con mejor oferta impositiva. No suena muy factible. Ciertamente la idea no parece razonable, por el contrario, parece descabellada.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) salieron a advertir que "las industrias no tienen rueditas".s
Es verdad que se necesitan cambios estructurales, que deben pasar por el Congreso y forjarse sobre la base del acuerdo, no de imposiciones con simple levanta manos.