Discapacidad: audios comprometedores, auditoría y reclamos por la emergencia

El Gobierno nacional oficializó ayer la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y nombró como interventor al médico Alejandro Alberto Vilches, especialista en gestión de sistemas de salud pública y privada. Su primera misión será llevar adelante una auditoría exhaustiva en el organismo, con el foco puesto en las pensiones por invalidez y en presuntas irregularidades que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, "han sido históricamente una caja de la política".

La medida se da en medio de un clima de alta tensión política y social. El desplazamiento de Diego Spagnuolo, hasta ahora director de la Andis, fue motivado por la filtración de audios en los que se lo vincula con supuestos pedidos de sobornos por parte de laboratorios proveedores. En esas grabaciones se menciona incluso a funcionarios de alto rango, como Karina Milei. Aunque desde la Casa Rosada no confirmaron la veracidad de los audios, la decisión fue remover a Spagnuolo de manera preventiva y avanzar con una reestructuración interna.

El Decreto 599/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la salida de Spagnuolo y también la de Daniel María Garbellini, quien se desempeñaba como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la agencia. Para el Gobierno, la intervención busca cortar de raíz las prácticas cuestionadas y mostrar una señal de transparencia en un área especialmente sensible.

Alejandro Alberto Vilches, el nuevo interventor, egresó de la Universidad del Salvador y cuenta con un recorrido extenso en cargos vinculados a la gestión sanitaria. Fue asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros y en el Congreso de la Nación, ocupó funciones en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y en la Armada Argentina, además de desempeñarse como director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta esta designación, era secretario de Gestión Sanitaria.

Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la oposición impuso su mayoría y dejó al gobierno en una posición incómoda. Ahora, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad debe ser tratada en el Senado Nacional. Si también rechaza el veto con los dos tercios de los votos, la ley entrará en vigencia. El texto busca aliviar la crisis económica que enfrentan las personas con discapacidad, los prestadores y las instituciones que trabajan en el área.

LA VISIÓN DESDE CORRIENTES

Marcela Kriscovich, referente de Prestadores de Discapacidad Unidos, expresó en declaraciones a Radionord que la situación es crítica. "Tuve la oportunidad de conocer a Spagnuolo en varias reuniones. Ojalá diga las cosas como son, porque esto es lo que ensucia el área. La verdad es que se menosprecia a las personas con discapacidad y a los prestadores, y las familias deben pelear constantemente para obtener las prestaciones necesarias", afirmó.

Según explicó, los trámites para acceder a servicios son interminables: "Las familias deben llenar una infinidad de formularios y enfrentarse a las obras sociales, que muchas veces no reconocen las prestaciones. En la práctica, los padres terminan poniendo de su bolsillo para garantizar la atención de sus hijos".

La dirigente correntina también advirtió sobre la grave situación de los pagos atrasados: "Hoy los prestadores esperan entre 60 y 120 días para cobrar, cuando en realidad deberían recibir el pago en tiempo y forma. Hay obras sociales que todavía no pagaron lo correspondiente a febrero de 2025 y otras que arrastran deudas desde 2024".

En este marco, Kriscovich subrayó que los aranceles llevan más de ocho meses congelados, lo que complica aún más la sostenibilidad de las instituciones. "Con este escenario, es imposible garantizar calidad en las prestaciones", señaló.s