El Ministerio de Salud de la Nación dejó de ser querellante en la causa
redefine el rumbo de la investigación, el Ministerio de Salud de la Nación ha dejado de ser parte querellante en la causa judicial que indaga las muertes por fentanilo contaminado. La decisión, tomada por el juez federal Ernesto Kreplak, se produjo ante la creciente sospecha de que organismos públicos podrían tener responsabilidad, ya sea por omisión o por connivencia, en el desvío y la contaminación de los lotes de fentanilo. Esta medida judicial marca un antes y un después en el caso, que ahora se enfoca en fiscalizar la actuación de quienes debían controlar la industria farmacéutica.
La trama que se devela con cada nueva revelación es de una complejidad alarmante. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud por presentarse como parte acusadora, la investigación ha avanzado hasta un punto en el que su rol se ha vuelto insostenible. Según información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, tras la detención de Ariel García Furfaro y la cúpula directiva de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, la Justicia ha impulsado una línea de investigación que apunta directamente a la tarea de los organismos públicos encargados del control. Este nuevo enfoque, que busca determinar si existieron fallas o complicidades en el sector estatal, llevó al juez Kreplak a revocar el rol de parte querellante que se le había concedido al Ministerio.
El magistrado consideró que los argumentos presentados por las autoridades sanitarias para ejercer el rol de acusador particular "no resultan suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter". Esta decisión no sólo aparta al Ministerio de la acusación, sino que también subraya la necesidad de una investigación imparcial sobre la posible responsabilidad de sus propios funcionarios. La salida del Ministerio de la querella se interpreta como una señal inequívoca de que la Justicia no descarta la posibilidad de que la tragedia haya sido el resultado de una red de complicidades que va más allá de los límites de las empresas privadas.
Mientras la investigación sobre los organismos públicos avanza, la Justicia continúa con las diligencias relacionadas con los directivos de los laboratorios. Las órdenes de allanamiento en sus domicilios, ejecutadas con la precisión de un reloj, permitieron la detención de toda la cúpula que manejaba HLB Pharma y Ramallo SA. Entre los detenidos se encuentran: Diego y Damián García, quienes ejercían el control de ambos laboratorios. Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB Pharma. Javier Tchukran, director general de ambas compañías. Carolina Ansaldi y Víctor Bocaccio, directores técnicos de Ramallo. José Antonio Mairorano, director técnico de HLB. Horacio Tallarico, presidente de Ramallo. Rodolfo Labrusciano, director suplente. A todos ellos, el ministro Lugones los trató de delincuentes. S