La Defensoría abandonada
En el marco de una nueva sentencia judicial adversa para los jubilados que pretenden una mejor remuneración, la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a exigir al Congreso Nacional que nombre un Defensor del Pueblo, cargo que está vacante desde hace más de 15 años. El último titular de la Defensoría fue el cordobés Eduardo Mondino, desde la finalización de su mandato el organismo quedó acéfalo.
Creado por la reforma de la Constitución Nacional de 1994, el Instituto de la Defensoría del Pueblo se transformó en un instrumento clave para impulsar reclamos y demandas de colectivos tanto en la esfera administrativa como judicial. Desde 2009 la oficina quedó virtualmente cerrada, aunque algunos planteos siguieron su curso en los tribunales.
Algo parecido sucede en la provincia de Corrientes que desde noviembre de 2020 se quedó sin Defensor del Pueblo y sigue así hasta estos días. El último titular de ese organismo fue el doctor Guillermo Vallejos Tressens y tras la finalización de su mandato los distintos bloques de la Legislatura no lograron un consenso para designar a su reemplazante.
En 2021 se abrió un concurso y se tomaron exámenes, luego los aprobados pasaron por la etapa del coloquio, pero no hubo acuerdo. Lo más curioso es que el organismo tiene sede, personal y hasta presupuesto, pero nula actividad.
Hasta donde se sabe la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes no funciona. Idéntica situación para la Defensoría del orden nacional.
Ahora la Corte Suprema le pidió al Congreso que avance con la designación de un defensor, también le exhortó a legislar sobre los procesos colectivos. El pedido surgió al cerrar una demanda que se había iniciado contra el Estado Nacional para que se hiciera extensivo, a través de un amparo colectivo, los alcances del llamado "caso Badaro" a todo el colectivo de jubilados y pensionados en la misma situación.
Ayer se conoció el fallo. En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz señalaron que en el largo trámite que insumió la demanda no sólo se habían establecido pautas en la Corte sobre los procesos colectivos sino que además una ley había intentado dar respuesta a los jubilados en sintonía con el fallo Badaro, por lo que no sólo el amparo no resultaba la vía admisible sino que además ya no estaba claro cuál era el alcance del grupo afectado y era imposible consultar al demandante porque la Defensoría está vacía hace 16 años.
"Corresponde reiterar la exhortación formulada en Fallo: 339:1077 y Fallo: 339:1562 al Congreso de la Nación para que cumpla con su deber constitucional plasmado en el Art. 86 y designe al Defensor del Pueblo de la Nación. También se reiteró la exhortación realizada hace ya más de 15 años (precedente ‘Halabi’, Fallo: 332:111) para que se sancione una ley que reglamente el ejercicio de los procesos colectivos", señala el alto tribunal.
El requerimiento de la Corte Suprema al Parlamento no amortigua el nuevo traspié judicial para los jubilados. Una vez más y luego de muchos años de espera se frustra su reclamo.
El juez Ricardo Lorenzetti opinó que "la extensa demora en la resolución de esta causa se debió, fundamentalmente, a la prolongada acefalía en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación". Y agregó que la Defensoría del Pueblo no tenía legitimación para representar colectivamente a los jubilados afectados.
Afirmó en ese sentido que los afectados eran "personas que no se encuentran en el extremo inferior de la escala de haberes previsionales" y que "pueden eventualmente ejercer individualmente las acciones que estimen pertinentes en procura de la protección de su derecho a la movilidad previsional frente a las omisiones denunciadas por el pretensor". S
Hace 16 años quedó acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación. Idéntica situación se vive en Corrientes, desde 2020 el organismo no tiene titular