Stornelli abrió investigación por "espionaje ilegal" y rechazó allanar a periodistas

El fiscal federal Carlos Stornelli requirió ayer la apertura de una investigación judicial a raíz de la denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal. Según el escrito, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

No obstante, el fiscal fue categórico al remarcar que la pesquisa no podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas: "No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca (...), ello por mandato constitucional", señaló. Stornelli también recordó que la inviolabilidad del domicilio sólo puede ser vulnerada mediante una orden judicial fundada. La aclaración se da tras el pedido del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal de streaming "Carnaval", responsable de difundir los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a la hermana del Presidente, así como los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio. De acuerdo al dictamen, la denuncia del Ejecutivo apunta a una maniobra de espionaje ilegal que habría incluido la captación, manipulación y difusión clandestina de audios con el fin de desacreditar al Gobierno, influir en la opinión pública y generar inestabilidad política y económica. Entre las hipótesis señaladas, se menciona que la difusión pudo haber sido amplificada por redes sociales y algunos medios de comunicación, en algunos casos de manera intencional y en otros sorprendidos en su buena fe. El denunciante sostiene que la supuesta operación forma parte de una trama mayor que podría involucrar a sectores de la oposición y hasta un posible ánimo destituyente. Además, se plantea que ciertos periodistas habrían chantajeado a funcionarios espiados, lo que extendería el alcance de la investigación más allá de los audios de Karina Milei.

Stornelli concluyó que las grabaciones habrían afectado a funcionarios de alto rango y a espacios bajo jurisdicción federal, lo que justifica la competencia del juzgado en la causa. También subrayó la presunta ilegitimidad de los audios, difundidos de manera dolosa, lo que refuerza la hipótesis de una operación ilegal de inteligencia. Asimismo, el presidente Javier Milei rompió el silencio tras la difusión de audios internos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y apuntó contra "un grupo de periodistas". Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara el contenido de un nuevo audio que lo involucraría, el mandatario expresó: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte". "Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin", aseveró el libertario.

En un juego de palabras, el presidente Milei llamó "espías disfrazados" a los periodistas que difundieron los audios. Y en una afirmación temeraria que atenta contra a libertad de expresión, que está consagrada principalmente en la Constitución Nacional argentina, en los artículos 14 y 32, que garantizan el derecho a publicar ideas sin censura previa, sostuvo que "no están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son".

En su breve mensaje a través de su cuenta de X, el mandatario citó el descargo del vicepresidente de La Libertad Avanza, quien apuntó contra la oposición por la aparición de un audio, y aseguró que la presunta grabación "ilegal" y su difusión constituyen "un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral".s