Procedimiento de crisis, multas y un servicio público cada vez peor 

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes, José Luis Sa­bao, confirmó que la re­ducción de horarios y de unidades en la calle fue una decisión unilateral de las empresas Ersa y San Lorenzo. "Nos ente­ramos por los diagramas de servicio; antes ha­bía colectivos desde las 4.30 hasta la 1.25, ahora todo termina a las 23", explicó. Sabao aclaró en declaraciones a Radio Sudamericana que las empresas ya presenta­ron un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, lo que implica que ni la patronal puede aplicar despidos o recortes, ni los trabajadores podrán ejercer medidas de fuer­za mientras dure el trá­mite.

"La decisión es ne­tamente empresarial; nosotros no la compar­timos porque se brinda un mal servicio", señaló Sabao. Y agregó que en la audiencia convoca­da para el lunes exigi­rán que se garantice la normalidad laboral y el pago de sueldos, en un contexto donde las em­presas alegan dificulta­des financieras pero los usuarios siguen pagan­do por un servicio cada vez más deficiente.s

El próximo lunes, en la sede de la Secretaría de Trabajo de Corrientes, se realizará una audiencia cla­ve entre las empresas Ersa Urbano SA y Transporte San Lorenzo SA, UTC, que solicitaron la apertura de un Procedimiento Preven­tivo de Crisis, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La convocatoria busca encauzar la situación generada tras la decisión unilateral de ambas firmas de reducir la circulación de unidades y acotar el hora­rio del servicio entre las 6 y las 23, afectando a miles de usuarios que dependen del transporte público.

La medida empresarial, tomada sin consulta pre­via, dejó al descubierto una vez más la precariedad del sistema de colectivos en la Capital provincial. Desde hace varios días, vecinos de distintos barrios denuncian largas esperas en las para­das, menor cantidad de co­ches en circulación y la im­posibilidad de contar con colectivos en horarios noc­turnos, indispensables para trabajadores de la salud, la seguridad y otros sectores con turnos rotativos.

GESTIONES ANTERIORES

Lejos de asumir la res­ponsabilidad de un servicio que funciona con conce­siones municipales, el sub­secretario de Transporte, Lisandro Rueda, apuntó en declaraciones a radio LT7 contra las gestiones ante­riores. Señaló que la crisis actual se debe a la "prórro­ga errónea" de las conce­siones, que mantuvo atado al sistema "vetusto" de las empresas actuales. Sin em­bargo, la actual gestión lle­va ocho años en funciones y culmina el 10 de diciem­bre sin haber impulsado una transformación estruc­tural del servicio.

En ese contexto, resul­ta poco creíble que la raíz del problema resida úni­camente en decisiones del pasado. Más aún cuando, en estos años, el Municipio tuvo tiempo de aplicar san­ciones, exigir inversiones y transparentar los mecanis­mos de control, algo que nunca ocurrió.

De hecho, las sanciones anunciadas contra las em­presas recién se hicieron públicas después de las elecciones provinciales y municipales del domin­go pasado, lo que refuerza la idea de que la crisis del transporte se administra según el calendario político y no según las necesidades de los ciudadanos.

AUMENTO DE BOLETO

El trasfondo de esta si­tuación es evidente: la pre­sión por un nuevo aumento del boleto. Cada reducción del servicio, cada planteo de las empresas sobre su delicada situación finan­ciera, desemboca en el mismo reclamo: más tarifa para mantener la operato­ria. El Municipio niega por ahora una suba inmediata, pero al mismo tiempo abre la puerta a una "discusión tarifaria" dentro del Siste­ma Integrado de Movilidad Urbana (Simu).

Mientras tanto, los pa­sajeros se convierten en rehenes de un servicio que no respeta horarios ni fre­cuencias. Lo que antes fun­cionaba desde las 4.30 de la mañana hasta la 1.25 del día siguiente, hoy queda limi­tado a un rango mucho más corto, dejando a miles de correntinos sin alternativa de movilidad.

La crisis desnuda no sólo la falta de control sobre las concesionarias, sino tam­bién la incapacidad de la gestión municipal de soste­ner un sistema de transpor­te público eficiente, accesi­ble y previsible. Corrientes se enfrenta, una vez más, al mismo círculo vicioso: em­presas que ajustan el servi­cio, autoridades que culpan a otros y un boleto que, tarde o temprano, vuelve a subir.

La audiencia del lunes será un punto de inflexión, aunque difícilmente resuel­va el problema de fondo. El verdadero debate debe­ría ser cómo garantizar un transporte público digno y sustentable, y no sólo cómo administrar los tiempos de una crisis que se repite con distintos matices desde hace años.s