Procesaron a líder de célula terrorista que lavaba dinero desde Corrientes
EL Juzgado Federal de la capital dictó la medida contra Guillermo Boscán Bracho, quien fue capturado en el interior provincial en octubre de 2023
Guillermo Boscán Bracho es un ciudadano venezolano de 30 años con un historial criminal que trascendía las fronteras y un apodo que infundía temor en su país de origen: "El Yiyi". Su detención el 2 de octubre de 2023 en Corrientes marcó el inicio del desmantelamiento de una célula del notorio Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que había logrado establecerse y operar con sigilo en suelo argentino. Este evento no sólo significó la captura de un prófugo internacional, sino que también puso en marcha una investigación exhaustiva que, en los meses siguientes, revelaría la complejidad de su red criminal, sus intrincadas operaciones financieras y la audacia de sus métodos.
La Justicia Federal de Corrientes, a cargo del juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, dictó recientemente el procesamiento con prisión preventiva de Boscán Bracho y de trece personas de su círculo, en un fallo que resonó por la gravedad de los cargos imputados: asociación ilícita en la modalidad de organización criminal, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El expediente judicial, nutrido por una minuciosa investigación de la Fiscalía Federal N.º1 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), desentrañó un entramado que, desde el año 2019, había movilizado una cifra escalofriante de más de $120 millones a través de maniobras financieras y patrimoniales de origen ilícito.
La investigación logró mapear la estructura delictiva, revelando una organización jerárquica con una clara división de roles, una planificación meticulosa y una capacidad operativa sostenida. Los fiscales Flavio Adrián Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco descubrieron que, aunque "El Yiyi" era el presunto líder, la red se ramificaba en dos células principales para descentralizar sus operaciones y eludir el rastreo de las autoridades. Una de estas células era comandada por su primo, Enmanuel David Urdaneta Bracho, y la otra por su pareja, Adaly María Domínguez Contreras. Estas dos figuras clave mantenían contacto permanente con Boscán Bracho, incluso después de su arresto, demostrando la cohesión y la resiliencia de la red.
El principal desafío para los investigadores fue trazar el origen de los fondos. La organización, consciente de la importancia de la opacidad financiera, utilizaba un sistema informal de transferencia de dinero conocido como "Giro Activo". Este circuito paralelo, manejado en Argentina por José Antonio Lanz Guevara y con operaciones detectadas en un local de Western Union en el barrio porteño de Colegiales, permitía el ingreso de capitales desde el exterior sin dejar rastro en el sistema bancario formal. Es a través de esta puerta de entrada clandestina que se inyectaban los fondos ilícitos provenientes de extorsiones, secuestros y otros crímenes cometidos por el Tren de Aragua en Venezuela y otros países de la región. La falta de justificación económica para estas transacciones era una de las pruebas más contundentes .
Una vez que el dinero ingresaba a Argentina, la organización ponía en marcha una sofisticada estrategia de lavado de activos para darle una apariencia de legitimidad. La "notable capacidad económica" de la banda, como la describió el juez, se manifestaba en la adquisición de una amplia gama de bienes de alto valor en un período sorprendentemente corto. El expediente detalla la compra de propiedades en countries, terrenos, vehículos de alta gama y la apertura de sociedades sin actividad real. La investigación incautó USD 51.576 en efectivo. Entre los bienes detectados se encuentra un centro de estética de uñas en La Plata, un ejemplo ilustrativo de cómo la organización utilizaba negocios de fachada para blanquear el dinero. Este tipo de emprendimientos, que operan con un flujo de caja constante y en gran medida informal, son herramientas perfectas para encubrir la entrada de dinero sucio en el sistema económico. El juez fundamentó su decisión en la conjunción de la plataforma de lavado de activos con el objetivo de "recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil, generando condiciones de control territorial violento" aplicando el artículo 210 ter del Código Penal, una figura de la asociación ilícita.