Sin obras, sin infraestructura
La reciente decisión del gobierno nacional de postergar la licitación para concesionar el mantenimiento de dos rutas troncales en la mesopotamia, la 14 (en el tramo autovía) y la 12 en Entre Ríos, pone nuevamente en la consideración la importancia que le da la administración de Javier Milei a la obra pública y los servicios que desde el Estado se deben brindar.
Ambas rutas salieron del sistema de mantenimiento privado hace unos meses al concluir el contrato de la empresa a cargo de la tarea, la que además no la realizó en los últimos años con el argumento de una crisis. Y fue la Dirección Nacional de Vialidad que debía tomar la responsabilidad de mantener el buen estado de la calzada, y no pasó.
Solo una muestra. Desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023 el presidente Javier Milei dio de baja a 1.668 proyectos de obras que estaban en marcha en distintos puntos del país, transfirió a las provincias otros 500 proyectos y se quedó con 183 que continuarían en ejecución con el impulso del Gobierno nacional.
El detalle, que no es nuevo, pero aporta precisiones sobre el abandono de la obra pública por parte del Estado central, se conoció en la reciente Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); el encargado de brindar el informe fue el secretario del área, Luis Giovine, el único funcionario de la administración de La Libertad Avanza que asistió al encuentro. Milei le hizo un vacío, sabía que iba a escuchar reclamos, por eso decidió no asistir y mandó a un funcionario de tercera línea.
Otra señal del desprecio que el Presidente tiene con aquellos que sostienen un pensamiento o una mirada de la realidad distinta de la suya. Con su intolerancia el libertario expresa básicamente un sesgo autoritario que es, por otra parte, lo que caracteriza a su gestión.
Lo que ha sucedido con la obra pública refleja claramente esa conducta que va más allá de los vínculos institucionales o las relaciones políticas. Por ejemplo, la suspensión o anulación de los proyectos de infraestructura se decidió por una razón economicista, sin prestar atención a la afectación social que podría acarrear.
Para el gobierno de Milei lo importante no es el beneficio que una obra puede brindar a una comunidad, o a la sociedad en su conjunto, lo único que le interesa es que no ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Déficit cero, así fue como se paralizó durante todo el primer año de gestión el plan de obras públicas.
Fue más que una paralización, se desguazó el Ministerio y con él todos los programas, sin reparo del nivel de avance de los proyectos. La provincia de Corrientes, como otras jurisdicciones, sufrieron el ajuste que se dio en llamar "motosierra". El mamarracho vial que circunda la ciudad capital, y que se denomina autovía de la Ruta 12 es el paradigma del abandono (nacional) y la desidia (local). Un buen reflejo de lo que significa la motosierra en la obra pública.
La autovía representa el menosprecio y la ineficiencia. Los gobernantes, de todas las esferas, de aquí y de allá, suponen que ese maltrato al que someten a la gente no tendrá un costo político. Puede que tarde en llegar la factura, pero es ineludible: les tocará pagar.
En cada provincia, en cientos de municipios, hay casos iguales a los de (nuestra) autovía. El Gobierno nacional supone que ha justificado con un argumento fiscalista la destrucción de sueños de miles de argentinos que pretenden vivir mejor, en realidad sólo trasladó en el tiempo la demanda, que se hace más potente con la postergación. S
Lo que ha sucedido con la obra pública refleja claramente esa conducta que va más allá de los vínculos institucionales o las relaciones políticas