Condenan a un hombre por el vertido de residuos químicos en la vía pública
La Justicia sentenció a un vecino por manejar curtiembre sin habilitación ambiental y verter sustancias tóxicas como arsénico, cromo y plomo
La ciudad de Mercedes fue escenario de un fallo judicial inédito que pone en el centro de la escena la responsabilidad penal frente a delitos ambientales. El Tribunal de Juicio, a cargo del juez unipersonal Ramón Alberto Ríos, condenó a un hombre de 72 años a tres años de prisión en suspenso por el delito de contaminación peligrosa, en el marco de la Ley Nacional N.º 24051 de Residuos Peligrosos.
El caso se originó a raíz del funcionamiento clandestino de una curtiembre y talabartería instalada en un domicilio particular, que carecía de habilitación ambiental, estudios de impacto y sistemas de tratamiento de residuos. Desde allí se vertían productos químicos altamente tóxicos, como arsénico, plomo y cromo, directamente al suelo, a la vía pública y de forma clandestina en la red cloacal.
La investigación, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, permitió constatar que los vertidos ponían en riesgo la salud de la población y la integridad del ecosistema local. Aunque no se registraron daños concretos en personas, la Fiscalía subrayó que la potencialidad de la contaminación era suficiente para configurar un delito contra el ambiente.
JUICIO ABREVIADO
El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado parcial, realizado el pasado 2 de septiembre, en el que el imputado reconoció su responsabilidad. La modalidad permitió llegar a una sentencia rápida, con acuerdo entre el fiscal de Investigación Rural y Ambiental de Mercedes, Gerardo Humberto Cabral, y el abogado defensor Marcos Maidana.
El fiscal Cabral fue contundente en su planteo: "El bien protegido es el medio ambiente. Estos elementos provenientes de la curtiembre no fueron neutralizados por mecanismos compensatorios. Se trata de un riesgo real para la salud y para los recursos naturales", sostuvo durante la audiencia.
Por su parte, la defensa del imputado señaló que, si bien el hombre asumía su responsabilidad, no existieron denuncias vecinales ni pruebas de afectación directa a la salud humana. "Lo importante es que se cumpla con las normativas ambientales en adelante", afirmó Maidana.
El juez Ríos, al dictar sentencia, destacó la gravedad del hecho y la responsabilidad penal del acusado: "Todos los elementos probatorios me permiten arribar a la firme convicción de que fueron acreditados los hechos atribuidos y la materialidad de los mismos en cabeza del acusado Luis Bernardo Miño, en calidad de autor".
En su resolución, también consideró atenuantes la avanzada edad del imputado, su arraigo en la comunidad y la ausencia de antecedentes penales. Por ello, la pena se fijó en tres años de prisión en suspenso, lo que implica que no irá a la cárcel, siempre que cumpla las reglas de conducta impuestas.
La sentencia incluye además el decomiso de los elementos secuestrados en la curtiembre ilegal, medida que busca impedir la continuidad de la actividad contaminante.
La causa se enmarca en un contexto de creciente atención sobre los delitos ambientales y la necesidad de aplicar la legislación vigente para prevenir daños irreversibles. El fallo de Mercedes, aunque con pena en suspenso, representa un paso hacia el reconocimiento del medio ambiente como bien jurídico protegido, con igual jerarquía que otros derechos fundamentales.
El caso deja además un mensaje claro para la comunidad: no es posible desarrollar actividades industriales sin los debidos controles, habilitaciones y tratamientos de residuos. Y menos aún cuando se trata de sustancias peligrosas que pueden afectar la salud de toda una población.
Con este fallo, la Justicia correntina marca un precedente que refuerza la obligación de cumplir con las normativas ambientales y de asumir que la contaminación no es un problema menor, sino un delito con consecuencias legales.s