Allanaron a Spagnuolo y encontraron 80 mil dólares

El juez federal Sebastián Casanello ordenó en la jor­nada de ayer viernes el con­gelamiento de las cajas de seguridad de la familia Ko­valivker, dueños de la Dro­guería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Dis­capacidad (Andis).
La decisión judicial fue tomada tras la declaración indagatoria del ex asesor presidencial Fernando Ceri­medo, quien se presentó en los tribunales para contar detalles de sus conversa­ciones con el ex titular de la Andis Diego Spagnuolo, quien -según relató- le ha­bía anticipado la existencia de un sistema de recauda­ción ilegal en base a retor­nos indebidos, "que llega­ban hasta Lule Menem y Karina Milei".
La orden del juez también alcanza al ex funcionario de Andis Matías Garbelli­ni, sospechado de ser el hombre designado por Lule Menem como intermediario entre el clan Kovalivker, y el propio Spagnuolo, cuyos audios filtrados fueron los que plantaron las sospe­chas de la presunta corrup­ción en boca de todos. Con las cuentas embargadas de Jonathan y Emmanuel Ko­valivker, la situación de la Droguería Suizo Argentino se complica aún más en la causa que Casanello y el fiscal Franco Picardi llevan bajo secreto de su­mario.
Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia cuatro días más tarde de haberse fugado de su do­micilio en Nordelta, esca­pe que ocurrió minutos an­tes de que la Justicia realiza­ra un allanamiento en el que halló las cajas de seguridad abiertas y vaciadas. El jue­ves presentó a la Justicia un teléfono celular con reseteo a estado de fábrica, es decir, un dispositivo al que le bo­rró toda la información.
Un dato que no pasa por alto para los investigadores fue que la Droguería Suizo Argentina pasó de firmar contratos con el Estado por $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2.678% en sus negocios públicos en tan solo un año. s
Con la causa penal por supuestas coimas en curso hace 20 días y el secreto de sumario prorrogado hasta el jueves 19 de septiembre, el fiscal Franco Picardi ordenó una nueva serie de allana­mientos simultáneos, en los que se buscaron ingre­sos y egresos de los barrios privados en los que residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker -due­ños de la droguería Suizo Argentina- y Diego Spag­nuolo. También se solicitó información sobre una caja de seguridad del ex titular de la Agencia de Discapaci­dad, donde hallaron 80.000 dólares. 
Y además, en medio de todo eso, renunciaron los abogados defensores del ex funcionario libertario, Juan Aráoz De Lamadrid e Igna­cio Rama Schultze, aducien­do "motivos personales". Al mismo tiempo, el juez Casa­nello denunció al jefe de sis­temas de la Suizo Argentina por "resistencia a la autori­dad, encubrimiento y falso testimonio".
Picardi trabaja sobre una hipótesis central: la presun­ta existencia de una ruta de sobornos que involucraría a funcionarios del Gobierno nacional y a la compañía que a su vez es la principal proveedora de medicamen­tos de la Andis. Durante la noche del jueves, el con­sultor Fernando Cerimedo realizó una declaración tes­timonial ante el represen­tante del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar negó haber sido él quien grabó y filtró las conversaciones con Spagnuolo. Cerimedo le dijo al fiscal que en diversas ocasiones, Spagnuolo "ha­bía hablado de hechos de corrupción, de posibles coi­mas". En sede judicial indi­caron a la prensa: "Confirmó con sus dichos el esquema de corrupción. Confirmó que le dijo lo mismo que se escuchó en los audios". 
Después de esa declara­ción testimonial, la Justicia profundizó la investigación y pidió en la sede del Banco Bbva que se le proporcione toda la información vincu­lada a Diego Spagnuolo: así se dio con una caja de segu­ridad en la que se habrían hallado 80.000 dólares.
Todo aquello vinculado al movimiento de dinero es importante para la investi­gación. La fiscalía continúa esperando el envío de la documentación después del levantamiento fiscal y ban­cario ordenado por el juez Casanello, vinculado a Em­manuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, y Diego Spag­nuolo. 
Ayer viernes los efectivos de la Policía de la Ciudad también se dirigieron a los barrios privados en los que residen los Kovalivker y los ex funcionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini. Allí se exi­gieron los ingresos y egresos desde comienzos de 2024. 
La denuncia que dio ori­gen al expediente se susten­tó en los audios que toma­ron estado público, y apunta contra Javier Milei, Karina Milei; Eduardo "Lule" Me­nem, Spagnuolo y los Kova­livker. El texto judicializado sostiene que "todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamen­tos, con afectación directa a los fondos públicos".