Puerto de Alvear: entre el abandono y el peligro de cierre
Zona de ascenso y descenso de barcazas tiene un deterioro alarmante
El puerto internacional de General Alvear, ubicado sobre la costa correntina del río Uruguay, se ha convertido en el símbolo de una desidia que pone en riesgo la economía regional y la integración con Brasil. Lo que alguna vez fue un punto estratégico de cruce y comercio hoy enfrenta un estado de deterioro que amenaza con su cierre definitivo.
A más de 440 kilómetros de la capital provincial, el puerto fue reconocido como paso fronterizo internacional, con la presencia de organismos nacionales como Aduana, Migraciones y Prefectura Naval. Sin embargo, la infraestructura pertenece a la provincia y fue cedida en usufructo al Municipio, que asumió la responsabilidad de su administración, cobro de tasas y mantenimiento. Esa delegación se transformó en un problema: la Municipalidad recauda, pero no invierte, y la infraestructura colapsa. En su mejor momento el puerto llegó a movilizar 60 camiones diarios. Hoy apenas entre 10 y 20 unidades lo utilizan, debido a caminos intransitables, inundaciones frecuentes y un playón que, lejos de ser un espacio seguro se convierte en un barrial cada vez que llueve. La resolución municipal Nº 195/2025 agravó aún más el panorama. El texto impuso una tasa de 20.000 pesos por camión para ingresar a la zona portuaria o salir hacia la Ruta nacional 14. En la práctica, cada vehículo puede llegar a pagar hasta 40.000 pesos en un mismo trámite. El problema no es solo la cifra: la tasa se cobra sin brindar ningún servicio básico a cambio.
Los choferes denunciaron que no hay iluminación, que los baños permanecen cerrados por las noches -incluso sin agua corriente-, y que la seguridad es inexistente. A ello se suman cables eléctricos bajos que impiden la carga completa de los camiones y la aplicación de multas municipales, lo que generó que varias empresas transportistas dejaran de operar en Alvear.
La consecuencia directa es una caída del tránsito, pérdida de empleos y un retroceso para toda la comunidad. Los changarines, boleteros, comerciantes y trabajadores portuarios ven cómo se apaga su fuente de ingresos. Incluso organismos nacionales corren riesgo: Aduana, Migraciones y Prefectura podrían reducir personal y trasladar agentes a otras localidades.s