La Justicia tomó resoluciones en casos de abuso de menores

El Poder Judicial de la provincia de Corrientes ha vuelto a centrar la atención en su actuación frente a casos de abuso sexual infantil, con dos decisiones judiciales que, aunque distintas en su naturaleza, reflejan la creciente complejidad y la rigurosidad con la que se están abordando estos delitos. Por un lado, una jueza de Garantías sentó un precedente al rechazar la suspensión de juicio a prueba en un caso de abuso simple, amparándose en la protección reforzada que el derecho internacional confiere a la niñez. Por el otro, un juicio oral por abuso agravado contra un padre septuagenario pone de manifiesto las tensiones entre la celeridad judicial y las complejidades de la prueba. Ambos casos se desarrollan en un contexto de cambio legislativo y de una mayor concientización social.

El caso que más resonancia tuvo en la esfera judicial fue el del Juzgado de Garantías a cargo de la jueza María Josefina González Cabañas. La magistrada tomó una decisión que marcó un antes y un después en la interpretación del nuevo Código Procesal Penal de Corrientes. En la audiencia realizada el pasado 15 de septiembre, la jueza se negó a conceder la suspensión de juicio a prueba (también conocida como probation), un beneficio solicitado por la Fiscalía para un hombre imputado por abuso sexual simple contra una niña de 8 años.

La solicitud de la Fiscalía se basaba en que el delito en cuestión permitía, en principio, la aplicación de este beneficio. La probation es una medida alternativa al juicio oral que permite al imputado evitar el proceso y una posible condena, a cambio de cumplir con ciertas reglas de conducta y, en algunos casos, reparar el daño. Sin embargo, la jueza González Cabañas argumentó que, si bien se cumplían los requisitos formales, la protección de los derechos de la niña debía prevalecer sobre cualquier otra consideración.

En su resolución, la magistrada fue contundente y se apoyó en un amplio abanico de normativa internacional que coloca a los niños y adolescentes en una posición de protección prioritaria. Citó documentos clave como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, la Cedaw y las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Su fallo no sólo se basó en el derecho interno, sino que elevó el debate a un plano supralegal, utilizando como pilar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Cámara Federal de Casación Penal.

Este pronunciamiento es de vital importancia porque establece un criterio interpretativo claro: en casos de violencia sexual contra menores, las "soluciones composicionales" como la suspensión de juicio a prueba no son aplicables. S

Protección supralegal

"Lo fundamental es que en este caso la presunta víctima es una niña, razón por la cual tiene una protección convencional supralegal, un corpus iuris internacional que protege por sobre todas otras cuestiones a los niños, niñas y adolescentes", sostuvo la jueza González Cabañas al tomar la decisión de rechazar el planteo de reparación efectuado por parte de la defensa del imputado