Una reforma indispensable
En el marco de la sesión en la que se definió el rechazo a otro veto presidencial, la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de delitos viales. El resultado fue contundente, 66 votos afirmativos. La totalidad de los legisladores presentes, sin importar su pertenencia partidaria, acompañaron la iniciativa que busca actualizar y endurecer las penas para los responsables de siniestros de tránsito, incorporando agravantes y nuevas figuras penales. Se trata, ciertamente, de un avance en materia de legislación penal para hacer frente a un drama extendido en el país: los incidentes viales con saldo luctuoso.
Es importante resaltar que los incidentes viales no son parangonables con los accidentes viales. Un accidente refiere a un hecho infortunado, imprevisible; algo que no se podía evitar porque está condicionado por un imponderable. La mayoría de los episodios que ocurren en la vía pública, calles y avenidas de las ciudades, o en las rutas provinciales y nacionales corresponden a hechos de negligencia en la conducción.
En Corrientes, tanto en la Capital como en el interior de la provincia, se suceden cotidianamente decenas de incidentes viales, algunos con desenlace fatal. Buena parte de todos estos hechos dejan secuelas en la salud de los protagonistas, lo que implica además un costo enorme para el Estado porque la atención médica se resuelve en la red hospitalaria pública. Aquí, en el Taragüí, la mayoría de los protagonistas de los choques no tienen cobertura médica, lo que supone un problema extra al traumático drama social.
¿El endurecimiento de las penas evitará la proliferación de los incidentes viales? La respuesta es contrafáctica, no hay forma de saberlo, pero sí está claro que obligará a los conductores a revisar su comportamiento.
¿Cuántos van presos, es decir pagan con la pérdida de la libertad, cuando provocan la muerte de una o varias personas en una colisión? No hay estadísticas concretas que respondan a la pregunta, pero no debería sorprender si el número es bajo, bajísimo.
El caso de Matías Piattoni, que atropelló y mató a un padre y su hijo en la Ruta 12, es un ejemplo paradigmático. Circulaba a toda velocidad estimulado por alcohol y estupefacientes, no pasó ni seis meses en la cárcel. Lo arregló con una cifra millonaria, que la Justicia provincial avaló sin cuestionamientos.
Quizás la ley que está en trámite en el Congreso de la Nación, y que el Senado le dio impulso, permita reparar estas arbitrariedades que asoman como una burla.
El proyecto de marras se centra en modificaciones a los artículos 14, 76 bis, 84 bis y 94 bis del Código Penal y plantea la excepción de la suspensión del proceso a prueba, para que los condenados no puedan eludir penas bajo esta modalidad.
La ley establece el agravamiento de las penas por imprudencia y sanciona con mayor severidad los casos de conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o exceso de velocidad. De esta manera se corrige la habitual clasificación de estos hechos como delitos dolosos atenuados, elevando la responsabilidad penal de quienes provoquen siniestros viales graves o mortales.
Con esta normativa, el Congreso busca dar respuesta a un reclamo social largamente sostenido y generar un marco legal más estricto que promueva la responsabilidad de quienes conducen vehículos.
La iniciativa, presentada por la senadora Victoria Huala, cuenta con el respaldo de la Asociación Madres del Dolor y la ONG Estrellas Amarillas. Entró al Congreso el año pasado y estaba a punto de perder estado parlamentario, y ayer al calor de la oleada de votos en contra del gobierno consiguió la unanimidad de la Cámara alta. Es de esperar que no pierda impulso. S
Una ley propone modificar cuatro artículos clave del Código Penal para eliminar beneficios judiciales para quienes provoquen muertes o lesiones graves al volante