La Justicia Provincial se pronunció contra la Ley de Narcomenudeo
El Superior Tribunal y el Colegio de Magistrados dieron su opinión negativa a la iniciativa que propone desfederalizar el delito por drogas.
El proyecto de ley de "Desfederalización parcial de delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes", más conocido como "Ley de Narcomenudeo", ha encendido un intenso debate en la provincia de Corrientes. Tras obtener media sanción en el Senado, la iniciativa ha llegado a la Cámara de Diputados, donde ha encontrado una férrea oposición por parte de los máximos representantes del Poder Judicial correntino. En una reciente reunión convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, los magistrados expusieron sus profundas reservas, advirtiendo que la ley, tal como está planteada, es "muy escueta", presenta "ingenuidades" y podría colapsar un sistema judicial que ya opera al límite de su capacidad.
Las voces más resonantes de esta crítica provienen del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del Colegio de Magistrados. El juez Eduardo Panseri, ministro del STJ, y Diego Núñez Hüel, presidente del Colegio, fueron contundentes en su diagnóstico, señalando que el traspaso de competencias a la Justicia provincial para perseguir el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico es una medida con más riesgos que beneficios.
La advertencia del ministro Eduardo Panseri fue: "Peleamos contra gigantes de la corrupción", y no escatimó en metáforas para expresar su contundente rechazo al proyecto. "Los traficantes no son estúpidos, son más vivos que todos nosotros juntos", sentenció, graficando la complejidad de la lucha contra el crimen organizado y la superficialidad con la que, a su juicio, se ha abordado el tema. Panseri, con la experiencia y el pragmatismo que le otorgan sus años en la magistratura, calificó a la ley como "muy escueta y con ingenuidades", evidenciando una falta de visión estratégica para combatir un flagelo tan arraigado en la sociedad.
El ministro se mostró especialmente preocupado por lo que él considera una desconexión entre la intención legislativa y la realidad operativa de la Justicia. "Yo soy juez, y no discuto con los actores, que en este caso son los hospitales, víctimas y victimarios", afirmó, delineando la clara división de poderes y rechazando la idea de que los jueces puedan ser parte de una "organización ejecutiva". Para Panseri, la ley en su estado actual deja "mucho por trabajar" y, de ser aprobada sin las modificaciones necesarias, expondría al Poder Judicial a una serie de problemas prácticos y legales.
Uno de los puntos más críticos que señaló el magistrado es la falta de recursos y la falacia de esperar apoyo de la Nación. "No podemos esperar los recursos de la Nación para atacar este flagelo, porque esto es lo que se pretende pero no hay respuestas en otras provincias", analizó, basando su argumento en las experiencias negativas de otras jurisdicciones que asumieron esta competencia y se encontraron con sistemas judiciales desbordados. Además, Panseri elevó una alerta sobre posibles inconstitucionalidades en la ley, como la facultad de "detener personas o allanar un domicilio", atribuciones que, según él, no pueden quedar "al arbitrio de algún funcionario" sin un marco legal robusto que las sustente. Panseri no sólo se refirió a la lucha contra los "gigantes de la corrupción", sino que también puso sobre la mesa la realidad del consumo de drogas dentro del propio Poder Judicial. Con una franqueza inusual para un funcionario de su jerarquía, reconoció: "Hay gente que tuvimos que darle licencias extraordinarias por recaídas importantes por el consumo. Tenemos gente internada por cuarta vez". Este crudo testimonio sirve como un poderoso recordatorio de que el problema del narcotráfico trasciende los expedientes judiciales y afecta directamente a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia. Es una problemática que los "malnacidos", como los llamó, han logrado introducir en la sociedad, aprovechándose de los jóvenes y sembrando el caos.
"NO POSITIVAS"
El presidente del Colegio de Magistrados, Diego Núñez Hüel, reforzó la postura de Panseri con un análisis centrado en las consecuencias operativas y sistémicas que la ley traería al sistema judicial provincial. En diálogo con la prensa, Núñez Hüel advirtió que el proyecto implicaría un "fuerte impacto" en un sistema que ya está bajo una presión considerable. "Hoy todo lo que tenga que ver con narcotráfico está en la Justicia Federal. Lo que se busca transferir a las provincias es la franja más débil de esa cadena, la venta del menudeo para consumo", explicó, señalando el peligro de sobrecargar el sistema sin realmente golpear el corazón del problema.
El magistrado fue categórico al afirmar que la experiencia en otras provincias donde se implementó una legislación similar "no es buena, ha implicado una recarga seria y problemática de los sistemas judiciales locales". Para Núñez Hüel, el caso de Corrientes es particularmente preocupante, ya que el sistema penal local aún se está "acomodando" después de que la investigación pasara a manos del Ministerio Público hace apenas dos años, sin el presupuesto y los recursos humanos y tecnológicos adecuados. "Incorporar el narcomenudeo implicaría sumar causas a un sistema que todavía se está acomodando", advirtió, pintando un escenario de un colapso inminente.
Un punto crucial de su argumentación es la "trazabilidad de la investigación". Núñez Hüel subrayó que la ley, al "fragmentar la competencia", permitiría a la Justicia provincial "procesar y reprimir el narcomenudeo, pero no podrá seguir la cadena de mando, ni rastrear quién hace llegar la droga a los barrios". Esto, según el magistrado, es un "absurdo" que sólo sirve para perseguir a los eslabones más vulnerables, dejando impune a los verdaderos líderes de las redes de narcotráfico. La ley original federalizó el narcotráfico precisamente porque se entendía que era un problema de salud pública de escala nacional que requería una investigación integral. Fragmentar esta competencia ahora, además, "genera dudas jurídicas" que seguramente se discutirán en los tribunales. El sistema judicial correntino, según Núñez Hüel, ya procesa a más del 70% de los delitos, tanto comunes como federales. Pretender sumar un nuevo y complejo tipo de delito como el narcomenudeo sin reforzar las estructuras es sobrecargar aún más al sistema.
Otras figuras convocadas fueron el fiscal general del Ministerio Público, César Sotelo, y otros jueces y fiscales que hicieron un diagnóstico de la situación actual y formalizaron su postura sobre la iniciativa a ser tratada el 1 de octubre.
Jefe de fiscales federales, a favor de la iniciativa
Carlos Schaefer, jefe de los fiscales federales en Corrientes, defendió ayer públicamente la iniciativa de desfederalizar la droga en Corrientes afirmando que el traspaso de competencias para investigar el microtráfico a la Justicia provincial permitirá que su organismo pueda concentrar sus limitados recursos en lo que verdaderamente importa: desarticular a los grandes traficantes y desmantelar las complejas redes criminales que operan a nivel nacional. La propuesta, que ya cuenta con media sanción pero ha encontrado resistencia en la Cámara de Diputados, donde magistrados del Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Magistrados han expresado su profundo escepticismo. Sin embargo, para Schaefer, estos temores, aunque legítimos desde la perspectiva operativa, pierden de vista el objetivo estratégico superior de la lucha contra el narcotráfico.
Schaefer, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura expresó: "A nosotros no nos interesa qué dice la ley, lo que nos interesa es explicar cuáles son los motivos por los que sería bueno que la provincia sume esa competencia", afirmó, subrayando su intención de aportar una visión desde el frente de batalla. Su argumento es simple pero contundente: la Justicia Federal, con un presupuesto y un personal limitados, se encuentra consumida por un sinfín de investigaciones a pequeña escala, casos que a menudo implican la venta al menudeo de drogas en un domicilio o en la calle. Schaefer se refirió a este eslabón como el "que le vende directamente al consumidor", una labor que, si bien es vital para el control social, consume una cantidad desproporcionada de recursos federales.