El Simu se reúne para habilitar la suba del boleto sin mirar a los pasajeros
El organismo se reunirá hoy para avanzar con el pedido. empresarios presionan desde hace meses para llevar la tarifa a más de $ 2.200.
El Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), el espacio en el que confluyen funcionarios del Ejecutivo Municipal, representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), empresarios del transporte y dos representantes por el Concejo Deliberante -la concejal opositora Mercedes Franco Laprovitta es uno de ellos-, se reunirá hoy desde las 9 en la sede de la Secretaría de Transporte del Municipio para debatir el futuro del pasaje de colectivos en la Capital correntina. Así lo adelantó ayer la edil del bloque opositor en declaraciones radiales y tras finalizar la sesión itinerante del Concejo.
Aunque la convocatoria se presenta como un "análisis técnico" de la situación del sistema, en los hechos se trata de una mesa donde los empresarios marcan la agenda, los funcionarios convalidan y los trabajadores discuten salarios. Los pasajeros, en cambio, quedan afuera: nadie los representa directamente, aun cuando se diga que para ello están los concejales.
Desde hace más de dos meses, el sector empresario viene insistiendo en que el boleto actual, fijado en $ 1.290 desde hace casi un año, quedó desactualizado. Según sus cálculos de principios de julio pasado, debería rondar los $ 2.200 para cubrir costos y mantener la llamada "sustentabilidad" del servicio. Los números se presentan en planillas, con fórmulas y parámetros técnicos, pero lo que queda invisible es el otro lado de la ecuación: el bolsillo de los pasajeros correntinos. Nadie los representa en la mesa de negociación. No hay asociaciones de consumidores, no hay vecinos, no hay estudiantes. Sólo están las partes interesadas en garantizar que el sistema se mantenga en pie a costa de quienes lo financian día a día con un boleto cada vez más caro.
La concejal Mercedes Franco Laprovitta lo adelantó con crudeza: "La reunión es para aumentar el pasaje". Lo dijo al confirmar la convocatoria del Simu en el Concejo Deliberante, casi como una sentencia inevitable. La oposición, con voz minoritaria, difícilmente pueda frenar un dictamen favorable que habilitará la remisión del expediente al Concejo, donde el oficialismo ya tiene los votos asegurados para aprobarlo.
La comparación con otras ciudades del país es inevitable. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los subsidios nacionales cubren gran parte de los costos, el boleto mínimo ronda los $ 526. En Santa Fe, luego de un aumento en agosto, se ubica en $ 1.580. En Rosario supera los $ 1.700. Corrientes, en cambio, se discute una suba que llevaría el pasaje a $ 2.200, cifra que la ubicaría entre las más caras de todo el país. Lo paradójico es que el servicio no ofrece ni de lejos las condiciones de aquellas ciudades: frecuencias reducidas, unidades deterioradas, paradas sin resguardo y recorridos que muchas veces dejan barrios enteros desconectados.
El argumento empresarial se sostiene en la normativa vigente: el artículo 52 de la ordenanza establece que el boleto debe actualizarse cuando los costos superan el 10%. La letra fría de esa norma se convirtió en una herramienta que cada año justifica aumentos sucesivos, siempre calculados en función de los insumos, los salarios del sector y el combustible.
PASAJEROS SIEMPRE PERJUDICADOS
Lo que nunca entra en el cálculo es el salario del usuario común. Un trabajador que necesita dos colectivos por día para llegar a su empleo gastará con el nuevo valor más de noventa mil pesos mensuales sólo en transporte. ¿Cómo sostener semejante carga en un contexto donde los ingresos están lejos de acompañar los aumentos?
Mientras los balances de las empresas se discuten con precisión técnica, la vida de los pasajeros se reduce a malabares cotidianos: esperar más de media hora en una parada oscura, viajar en unidades sobrecargadas, resignar otros gastos para poder costear el boleto, caminar tramos largos cuando no hay otra opción. Sin embargo, el Simu no habla de eso. Habla de "déficit operativo", de "sustentabilidad del sistema" y de "parámetros de costos", como si el transporte público fuera un negocio privado y no un servicio esencial para garantizar el derecho a la movilidad de los vecinos en la ciudad.s