Bronca y dolor en la despedida de las víctimas del triple femicidio

La investigación por el salvaje asesinato de tres jó­venes, Morena Verdi y Bren­da Del Castillo, ambas de 20 años, y la menor Lara Gutié­rrez, de 15 años, continuaba ayer con la búsqueda del autor intelectual del triple femicidio, mientras que el drama de los velatorios y la compleja madeja de la inves­tigación judicial se entrela­zaron en un relato de duelo colectivo y una demanda innegociable de verdad y justicia. 

Los sucesos sumieron a las familias en un abismo de dolor. Los testimonios recogidos en medio del cor­tejo fúnebre y el velorio re­velaron la profundidad de la herida emocional, especial­mente en las figuras de An­tonio, abuelo de Morena y Brenda, y Sabrina, la madre de Brenda.

Antonio, con una fortale­za quebrada pero un espí­ritu combativo, expresó en el velorio de sus nietas en San Justo una tristeza que superaba la expresión físi­ca: "No pude derramar ni una lágrima todavía". Esta frase, seca y demoledora, se convirtió en el epítome del shock que paraliza el llanto y transforma el luto en una furiosa determinación. Su dolor, encapsulado, prome­tió ser liberado no en la re­signación, sino en la acción. En un desafío directo a la indiferencia política y es­tatal, Antonio advirtió con firmeza: "Me van a ver todos los días en el Congreso". Con ello, el abuelo transformó su duelo personal en una ban­dera de exigencia pública, interpelando a la clase diri­gente con una pregunta que resonó en todo el país: "¿Tan solos nos van a dejar los po­líticos?". A pesar de su es­cepticismo sobre el accionar estatal, Antonio mantuvo una luz de esperanza en el sistema judicial: reconoció que "confía en la Justicia" para que, finalmente, se desentrañe la verdad detrás de los salvajes homicidios.

La madre de Brenda, Sa­brina, compartió este sen­timiento de injusticia y la necesidad visceral de luchar. Tras darle el último adiós a su hija en el cementerio Las Praderas, su voz se alzó con una promesa inquebranta­ble: "Todos los días voy a marchar hasta que me trai­gan a los verdaderos respon­sables y no perejiles". Esta mención a los "perejiles" reflejaba la desconfianza ge­neralizada en la calidad de la investigación inicial y en la posibilidad de que los ver­daderos autores, o los ins­tigadores de más alto nivel, pudieran eludir la acción de la ley.

Sabrina no sólo lamen­tó la tragedia que calificó de "injusto lo que le pasó a Brenda", sino que también se atrevió a criticar la res­puesta estatal, aludiendo a la falta de acción de las au­toridades. "No accionaron como corresponde, para eso pagamos los impues­tos", expuso, haciendo una crítica directa a la cúpula política de la provincia. La madre, en su inmenso dolor, incluso reflexionó sobre su rol protector, asumiendo la responsabilidad de madre, pero negándose a cargar con la culpa de un hecho que la excedía: "Mi deber como mamá era cuidar a mi hija, me hago responsable, pero no me puedo echar la culpa de todo". 

Tanto Antonio como Sa­brina, junto a sus familias (a pesar de que los velatorios se realizaron por separado, confirmando Antonio que "está todo bien con la fami­lia de Lara") se convirtieron en el rostro de un pueblo que se niega a aceptar la vio­lencia como un destino.

La investigación del tri­ple crimen se vio envuelta en complejidad y polémica desde sus inicios. La Fisca­lía, que inicialmente reca­yó en una jurisdicción, fue reasignada al fiscal Adrián Arribas, un cambio que la familia de Lara Gutiérrez y su abogado, Gonzalo Fuen­zalida, vieron como una oportunidad de enderezar el rumbo de la causa.

Al momento de los vela­torios, la situación procesal indicaba que cuatro sospe­chosos por los homicidios seguían detenidos. Todos ellos se negaron a declarar ante la Justicia, una estrate­gia de defensa común que, sin embargo, reforzaba la opacidad de los hechos y la frustración de las víctimas.

Las imputaciones dicta­das reflejaron la extrema gravedad de los hechos des­cubiertos. Los cuatro dete­nidos fueron acusados por homicidio calificado por ser cometido con: Concurso premeditado de dos o más personas, implicando una planificación previa entre los agresores. Alevosía: por actuar sobre seguro, en un estado de indefensión total de las víctimas. Ensaña­miento: por aumentar deli­berada e innecesariamente el sufrimiento de las jóve­nes. Además de la comisión de un hombre contra una mujer mediante violencia de género (femicidio).s

Críticas de la querella a la pesquisa en curso

Pese a la severidad de esta carátu­la, el abogado de la familia de Lara, Gonzalo Fuenzalida, anunció que no estaban "conformes con la carátula de homicidio", argumentando que la causa debía ser trasladada al fuero federal. Esta exigencia se fundamen­taba en las sospechas crecientes de que el triple crimen no era un hecho aislado de violencia común, sino que estaba indisolublemente ligado a las estructuras de narcotráfico y crimen organizado que operan en la provin­cia. El fuero federal es el competente para investigar delitos de esta índo­le, y el pedido de Fuenzalida repre­sentaba una crítica directa a la capa­cidad de la Justicia provincial para desmantelar las redes criminales detrás del asesinato de las jóvenes.

La investigación no sólo lidiaba con la opacidad de los detenidos, sino también con amenazas direc­tas y controversias que afectaban a la familia de la víctima más joven. Gonzalo Fuenzalida confirmó que este viernes se presentaría ante el fiscal Arribas no sólo para avanzar en la causa principal, sino para ra­dicar denuncias por amenazas con­tra la madre de Lara y por el tiroteo (o balacera) ocurrido días atrás en el domicilio donde vivía la menor. Estos incidentes sugerían una inti­midación activa y una posible co­nexión de los autores con estructu­ras criminales dispuestas a silenciar a los testigos. Esta disparidad en la información oficial y las declaracio­nes políticas sólo sirvieron para in­crementar la desconfianza pública, alimentar la especulación y reforzar la opinión de la madre de Brenda, Sabrina, de que "la investigación fue mala".s

El video

El abogado de la familia fue consultado sobre los di­chos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien había mencionado la posible existencia de un video o transmisión en vivo de los asesi­natos. La respuesta fue contundente y expuso una falla de comunicación crítica entre los poderes del Estado: "El video que mencionó Alonso no llegó a la Fiscalía ¿Cómo sabe él de su existencia?", dijo el letrado.