Marcha contra la indiferencia nacional a la discapacidad
La demoras dejan a miles de personas sin cobertura y sin tratamientos.
La plaza 25 de Mayo en esta Capital volvió a concentrar anoche a familias, profesionales y organizaciones que exigen lo mismo desde hace meses: que la Nación cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La norma, que fue sancionada y ratificada por el Congreso Nacional, sigue sin aplicarse por decisión del Poder Ejecutivo. Ni el rechazo del veto presidencial logró destrabar su puesta en marcha. Mientras tanto, las consecuencias recaen sobre las personas más vulnerables.
La convocatoria se replicó en distintas ciudades del país, pero en Corrientes tuvo una fuerza particular: los testimonios de madres, padres y prestadores hicieron visible el impacto concreto de la demora. "Convocamos a toda la sociedad correntina a que sea empática, solidaria y nos acompañe en esta lucha", dijo Débora Delgado, madre de una niña con discapacidad, durante la movilización.
Para ella y para tantos otros, la demora del gobierno nacional no es un trámite administrativo: es un tiempo perdido en terapias, un derecho vulnerado, una angustia que se repite cada mes cuando no llegan los pagos o cuando la cobertura se interrumpe.
"En discapacidad, el tiempo es fundamental. No somos un colectivo invisible. Vamos a luchar para que los derechos no se vulneren y que las prestaciones no pasen a ser un privilegio", agregó Delgado.
SE AGOTAN LOS TIEMPOS
El reclamo continúa extendiéndose en el tiempo y sin resultados alentadores, todo lo contrario. Desde hace más de un año, familias e instituciones advierten sobre la precariedad creciente: pagos atrasados, aranceles congelados, burocracia paralizante. La promesa de una emergencia que traería alivio se convirtió en una frustración.
Uno de los puntos más sensibles es la actualización del nomenclador, que debería adecuar los aranceles que perciben los profesionales y centros especializados. Sin esa medida, muchos prestadores no pueden sostener su actividad.
Las instituciones trabajan al límite. Algunas dependen de rifas, bingos o colectas solidarias para sobrevivir. Otras evalúan el cierre porque los números ya no cierran.
En paralelo, las familias se ven obligadas a presentar recursos de amparo para acceder a prestaciones que ya están reconocidas en la ley. El Estado, que debería garantizar derechos, obliga a judicializarlos.
El mismo escenario en toda la Argentina
La situación es grave también en todo el país. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires registran el mismo escenario de atrasos y precarización. Corrientes no es la excepción y volvió a poner el cuerpo en la plaza central para gritar que la emergencia no puede esperar.
El gobierno nacional, mientras tanto, insiste en condicionar la aplicación de la ley a un mecanismo de financiamiento que debería debatirse en el Congreso. Esa dilación convierte a la norma en letra muerta.
"Sin aplicación, es lo mismo que nada", repiten las organizaciones. Una frase que resume el hartazgo de quienes ven pasar los meses sin soluciones concretas.
Los prestadores denuncian que siguen cobrando con meses de atraso y con valores que están hasta un 60% por debajo del costo real de las prestaciones. Cada aumento prometido queda diluido por la inflación y por la desidia oficial.
El impacto es demoledor: cuando los pagos llegan, el dinero ya perdió la mitad de su valor. La consecuencia directa es la discontinuidad de tratamientos, la rotación de profesionales y la desesperación de las familias.
La Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que debería liderar la implementación de la norma, permanece paralizada. Hace meses que su directorio no se reúne. Tampoco hay señales claras de que el Poder Ejecutivo esté dispuesto a ceder y cumplir con lo que el Congreso ya decidió.
La marcha de anoche en Corrientes volvió a ser un grito colectivo. Un llamado a la empatía, pero también una denuncia a la indiferencia del gobierno nacional. Porque detrás de cada consigna hay historias reales: niños que necesitan terapias, adultos que requieren apoyos, instituciones que sostienen un sistema que se derrumba. La ley existe. Está sancionada, promulgada y publicada. Lo único que falta es la decisión política de aplicarla