Cinco voces en contra del aumento del boleto de un servicio en crisis terminal 

En un clima tranquilo pero sin dejar de percibir­se el malestar social y el descreimiento, se concretó ayer la audiencia pública convocada por el Concejo Deliberante de Corrientes para debatir el aumento del boleto de colectivos. Seis de los siete inscriptos hi­cieron uso de la palabra, en una jornada que expuso con crudeza el desgaste del sis­tema de transporte urbano, el desinterés de las empre­sas por recuperar pasajeros y la falta de transparencia en los estudios de costos que fundamentan la suba.

El encuentro se realizó en el recinto del Concejo y contó con la presencia de 15 concejales, integrantes de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Ha­cienda y Presupuesto, y Le­gislación y Asuntos Consti­tucionales, responsables de emitir dictamen antes de que el expediente llegue al recinto. Según trascendió, el tema podría tratarse re­cién el 23 de octubre, una vez cumplido el análisis for­mal de lo expresado durante la audiencia.

EXPOSITORES

La primera en expresar­se fue Gabriela Temporale, representante de la Cámara Empresaria del Transpor­te Urbano de Corrientes (Cetuc), quien defendió el pedido de llevar el boleto a 2.370 pesos. Argumentó que el valor se desprende de los costos por kilómetro reco­rrido y del mantenimiento de una flota que, según dijo, cuenta con 180 unidades en circulación. Reconoció, sin embargo, que hubo una re­ducción de pasajeros. "Des­de la emergencia seguimos trabajando, pero los núme­ros no cierran", afirmó. Su exposición estuvo centrada en la rentabilidad empresa­rial.

A continuación, tomó la palabra Leonardo Ortiz, presidente del Partido Uni­dad Popular y secretario ad­junto de la CTA Autónoma, quien cuestionó duramente el enfoque de la audiencia: "Acá no se discute el estado real del servicio: colectivos rotos, falta de manteni­miento, demoras, maltrato y paradas sin condiciones mínimas. Todo eso des­alienta al usuario y explica por qué cada vez menos gente elige viajar". Ortiz subrayó que el crecimiento de la venta de motos es la prueba más visible del fra­caso del sistema. "La gente busca alternativas porque perdió la confianza", dijo.

Uno de los momentos más contundentes de la jornada fue la intervención del defensor de los Vecinos, Agustín Payes, quien pre­sentó un detallado informe sobre la evolución del siste­ma desde 2018 hasta la ac­tualidad. "Con cada aumen­to del 10% del boleto, cae un 2% el número de pasajeros", explicó, advirtiendo que los incrementos sólo agravan la crisis. Según sus datos, la cantidad de usuarios pasó de 60.000 diarios antes de la pandemia a apenas 8.400. "Hoy las empresas recaudan más por las gratuidades que por los boletos pagos. Hay una crisis terminal y una desconexión total entre lo que las empresas proponen y lo que los vecinos pueden pagar", sostuvo.

Payes también denun­ció la falta de un plan serio para recuperar usuarios y la ausencia de una visión es­tratégica por parte del Mu­nicipio. "En cada audiencia pública vemos planillas de Excel que hablan de costos, pero nunca de cómo atraer más pasajeros. Las empre­sas viven de los subsidios, y la gente perdió la confianza. Lo que viene es un desa­fío enorme: reconstruir la credibilidad en el sistema", concluyó.

Luego fue el turno de Verónica Núñez, docente y usuaria del transporte, quien centró su exposición en la situación de las per­sonas con discapacidad, es­pecialmente las que tienen discapacidad visual como su caso particular. "Viaja­mos todos los días, con bas­tón, con las dificultades de siempre. Algunas veces ni siquiera los choferes com­prenden que no podemos colocar la tarjeta. Hay una falta total de sensibilidad. El sistema no está preparado para incluirnos", reclamó.

En la misma línea, Gerar­do Ramón Sotelo, también en representación de perso­nas con discapacidad, pidió que las empresas y el Muni­cipio garanticen accesibili­dad plena en las unidades. "No se trata sólo del aumen­to del boleto, sino de que el transporte sea realmente público. Hoy es un servicio caro, deficiente y excluyen­te", señaló.

El último expositor fue Miguel Ángel Gómez, con­tador público y docente, quien hizo un análisis téc­nico de los costos presen­tados por el Sistema Inte­grado de Movilidad Urbana (Simu). "Las planillas son opacas, incompletas y ar­bitrarias. Los concejales no tienen idea de lo que están a punto de decidir. No hay una fórmula transparente ni datos verificables. Esto no es una audiencia, es una formalidad para convalidar lo que ya está decidido", planteó, apuntando a la fal­ta de control sobre los estu­dios técnicos.

INJUSTIFICADO

De los siete oradores inscriptos, sólo seis parti­ciparon efectivamente, y cinco coincidieron en un punto: el aumento del bo­leto es injustificable en las condiciones actuales del servicio. Ninguno defendió la propuesta empresarial ni el modo en que se gestiona el transporte público en la ciudad.

Mientras tanto, las comi­siones del Concejo deberán ahora evaluar lo expuesto y emitir un dictamen antes de la votación definitiva. Sin embargo, para muchos vecinos, la audiencia volvió a evidenciar que la decisión política de aumentar la tari­fa ya está tomada, y que la participación ciudadana se limita a cumplir un requi­sito legal más que a influir realmente en el resultado.s