Segundo juicio por el caso Rosé: empezará en febrero de 2026

El caso de Lautaro Rosé volverá a la mesa de la Justicia con el inicio de un segundo juicio oral y público programado para el 16 de febrero de 2026. Seis efectivos de la Policía de Corrientes se sentarán en el banquillo de los acusados, imputados por delitos graves relacionados con la muerte del joven.

El debate se desarrollará en la ciudad de Corrientes y será presidido por un nuevo Tribunal que tendrá la responsabilidad de dilucidar las responsabilidades penales en este doloroso suceso. La magistrada Ana del Carmen Figueredo asumirá la presidencia, y estará acompañada por los jueces Darío Alejandro Ortiz y Mercedes Leconte como vocales. La conformación de esta nueva sala judicial subraya la importancia y sensibilidad del proceso que se avecina.

Los acusados son seis efectivos policiales que, al momento del hecho, pertenecían al Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y son Carlos Prieto, Juan Aveiro, Sergio Iván Barberán, Omar Aguirre, Maximiliano Romero y Vicente Pruyas.

Los seis agentes se encuentran imputados por una tríada de delitos que reflejan la gravedad de las acusaciones: "Abandono de persona agravado por el resultado de muerte", "severidades" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La conjunción de estas figuras penales será el eje central del juicio.

El cargo más grave, el de abandono de persona agravado por el resultado muerte, contempla una pena de prisión que oscila entre los 5 y 15 años. Por su parte, el delito de severidades prevé una pena de 1 a 5 años de prisión, mientras que el de incumplimiento de los deberes de funcionario público tiene una pena de 1 a 2 años. La sumatoria de las posibles condenas y la naturaleza de los delitos implican que el Tribunal tendrá que evaluar hechos de extrema seriedad cometidos en el ejercicio de la función pública.

El trágico suceso que será juzgado ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre de 2021. Lautaro Rosé y un amigo se encontraban en la zona ribereña de la Capital correntina cuando fueron interceptados por personal policial. Según la investigación, la persecución de los efectivos de la Policía de Corrientes acorraló a los jóvenes, lo que los llevó a tomar la desesperada decisión de lanzarse a las aguas del río Paraná en un intento de escapar. El expediente judicial revela un detalle crucial y desgarrador: Lautaro no sabía nadar.

Mientras el joven luchaba por mantenerse a flote y clamaba por ayuda, la acusación sostiene que no recibió auxilio de los agentes. Por el contrario, se habría documentado que los policías habrían efectuado disparos al aire por encima del cuerpo del joven. La omisión de asistencia, en lugar de la protección y ayuda que se espera de una fuerza de seguridad, es uno de los puntos centrales que buscará probar la querella. La investigación apunta a que, lejos de socorrer a Lautaro, los policías se retiraron del lugar sin brindar la asistencia necesaria. Además, se agrega que habrían agredido al amigo que acompañaba a Lautaro y lo habrían amenazado para forzar su silencio. Un elemento adicional que complica la situación de los imputados es que no se realizaron actas sobre lo ocurrido, lo que para la querella constituye un claro intento de encubrimiento del hecho. El cuerpo de Lautaro fue hallado tres días después, el 8 de noviembre de 2021, a pocos metros del sitio donde había desaparecido. Fueron sus propios amigos, quienes participaban de la búsqueda desesperada, los que encontraron sus restos.

El proceso judicial que se iniciará en febrero de 2026 es de vital importancia para la provincia de Corrientes, no sólo para determinar las responsabilidades penales de los seis efectivos involucrados, sino también para dar una respuesta contundente a la sociedad sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en un caso que puso en tela de juicio el rol y los límites de la autoridad policial.s