Rescataron a personas que eran víctimas de explotación laboral
La magistrada Federal Cristina Pozzer Penzo, luego de una investigación logró desmantelar una organización dedicada a la explotación.
En un contundente golpe contra el flagelo de la trata de personas con fines de explotación laboral, la Justicia Federal de Corrientes, con asiento en Goya, llevó a cabo un operativo de gran envergadura que culminó con el rescate de quince víctimas.
El procedimiento tuvo lugar en la jornada de ayer concentrándose en establecimientos rurales de las localidades de Lavalle y Santa Lucía. Las condiciones en las que se hallaron a los trabajadores fueron calificadas por las autoridades intervinientes como "infrahumanas", evidenciando un grave patrón de vulneración de derechos.
La diversidad de las víctimas subraya la complejidad de la red de explotación. Entre los quince rescatados, se encontraban dos integrantes de la comunidad Qom, quienes habían sido trasladados desde la provincia de Formosa y enfrentaban una doble barrera de vulnerabilidad, ya que no manejaban el idioma español. A ellos se sumaban cinco trabajadores originarios de la provincia de Mendoza, sugiriendo un esquema de captación interprovincial. El resto de las personas asistidas eran habitantes de la propia zona rural de Lavalle, quienes también estaban sometidos a condiciones laborales ilegales y abusivas.
El foco de la investigación recae sobre un productor local, identificado como Eusebio Torres, quien se presume es el propietario de los campos donde se perpetraba la explotación. La Justicia busca determinar su responsabilidad penal y la de cualquier otro implicado en la cadena de mando que permitía que estas personas vivieran y trabajaran en semejantes condiciones.
Inicio de la investigación y acciones judiciales
El exitoso desenlace del operativo fue el resultado de una minuciosa investigación que se inició tras una denuncia clave. La alerta inicial fue presentada ante la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Goya" de la Gendarmería Nacional, que advirtió sobre posibles situaciones de explotación en predios rurales de Lavalle.
A partir de esta información, la Fiscalía Federal de Goya, a cargo del fiscal Mariano De Guzmán, ordenó una serie de tareas investigativas esenciales para corroborar los hechos denunciados y reunir las pruebas necesarias. Una vez que la información preliminar confirmó los indicios de explotación, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, libró las órdenes de allanamiento pertinentes que habilitaron el ingreso a los establecimientos sospechosos.
Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad procedieron al secuestro de elementos de prueba cruciales para la causa. Entre ellos se incautó una camioneta Toyota Hilux, una considerable suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares, diversos dispositivos electrónicos y documentación de interés que permitirá a los investigadores reconstruir el modus operandi y la estructura de la explotación. Estos elementos son vitales para configurar el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
La complejidad del caso y la necesidad de una atención inmediata y especializada a las víctimas requirieron la articulación de un amplio abanico de organismos nacionales y provinciales. El operativo fue un ejemplo de colaboración interinstitucional, con la participación activa de efectivos de la Gendarmería Nacional y profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, detallaron fuentes oficiales.s