Con la ley aprobada pero sin aplicarse, la Policía desbarató dos kioscos narco

La Policía de Corrientes ha asestado una serie de duros y exitosos golpes al microtráfico de estupefacientes en la Capital, consolidando un ritmo operativo que ya supera la marca de 80 procedimientos con decomiso de drogas en lo que va del año. Esta aceleración en la represión del delito menor de narcotráfico se produce en el marco de la reciente aprobación de la Ley de Narcomenudeo, una herramienta que, si bien faculta a la fuerza provincial a llevar a cabo acciones de este tipo, permanece en un limbo institucional sin poder ser aplicada en toda su extensión que podría repetir cierto precedente de incumplimiento grave por parte de la Justicia, en particular el Ministerio Público, a cargo de crear la Fiscalía especial.

Los operativos más recientes, que todavía siguen siendo girados a la Justicia Federal, que alega estar saturada de "chiquitaje" (entre los dos operativos no se alcanzó a incautar ni 1 kilo de droga, pero hubo 6 detenidos y un importante gasto de recursos y personal policial), pero que debe intervenir por lo estipulado en la Ley Nacional 23737, llevados a cabo en la jornada del viernes a la noche momento de auge en la compra y venta de estupefacientes.

En el barrio 2 de Abril, efectivos policiales diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento. El resultado fue la incautación de 67 "bochitas" y nueve trozos compactados de una sustancia blanquecina que, tras el test orientativo realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, arrojó positivo para cocaína de máxima pureza, con un peso aproximado de 788 gramos. Además de la droga, se secuestró dinero en efectivo, una balanza de precisión, armas blancas, 15 proyectiles calibre 22mm, electrodomésticos y una bicicleta de dudosa procedencia, elementos característicos de la actividad de venta minorista.

Simultáneamente, en el barrio Juan XXIII, la Dirección General de Drogas Peligrosas junto con el Grupo PAR propinó otro duro golpe al narcomenudeo. Tras diligenciar dos órdenes de allanamiento, se logró el secuestro de cocaína de máxima pureza (incluyendo 19 dosis por un total de 73 gramos y 92 dosis por 46 gramos), 33 dosis de marihuana, una bolsa de cogollos de marihuana (233 gramos), dinero en efectivo, balanzas de precisión, elementos de corte y un arma de fuego. El resultado más significativo en este caso fue la aprehensión de un total de seis personas: cuatro hombres y dos mujeres, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente.

El notable ritmo de la fuerza provincial, que ya superó las 80 intervenciones con decomiso en el territorio, se enmarca en la expectativa generada por la Ley de Narcomenudeo. Esta legislación ha conferido a la Policía provincial la capacidad de accionar directamente contra el delito del microtráfico, una facultad anteriormente restringida a las fuerzas federales. Sin embargo, en un escenario de contraste y rechazo por parte de actores judiciales (fiscales, jueces y abogados), la ley aún no ha podido ser aplicada efectivamente.

La razón de esta parálisis no radica en la voluntad policial, que demuestra eficacia y compromiso, sino en una crítica falta de coordinación entre los poderes del Estado. Pese a la trascendencia de la nueva normativa, las autoridades clave para su implementación integral aún no han celebrado las reuniones necesarias para delinear la estrategia gubernamental que aún no comenzaron. S

Principio legal

La Ley de Estupefacientes (23737) reservaba la investigación y juzgamiento de los delitos de drogas a la Justicia Federal. Esta centralización se justificaba en la magnitud y el alcance transjurisdiccional de las redes del narcotráfico que se enquistaron conformando un problema de seguridad pública. Más allá de la desfederalización en caso de controversia la ley estipula que la competencia, por principio legal, es federal.