Arrestaron al empresario pedófilo, pero el juez lo dejó internado en una clínica
Luciano Garavano, quien fue registrado por cámara de vigilancia filmando partes íntimas de una menor en un comercio, adujo brote psicótico.
El sistema judicial de la provincia de Corrientes, en particular el Juzgado de Garantías de Paso de los Libres, se ha visto enfrentado a un complejo dilema que equilibra la persecución de un grave delito contra la integridad de una menor y el respeto por el derecho humano fundamental para la salud mental del imputado. El caso, que tuvo su origen en un local comercial de Paso de los Libres, involucra a un empresario identificado como Luciano Garavano, acusado de fotografiar las partes íntimas de una niña con su teléfono celular. La investigación policial, que culminó en la detención del hombre tras una intensa búsqueda internacional, ha derivado en una resolución judicial atípica, pero profundamente arraigada en principios constitucionales: la sustitución de la detención carcelaria por una medida de internación psiquiátrica.
La génesis de este caso se encuentra en una denuncia valiente y oportuna. Una mujer, empleada de un local comercial se percató de la conducta inapropiada de un cliente al revisar los registros de las cámaras de seguridad del negocio. El material fílmico reveló el momento en que un hombre, sin ser advertido por la víctima, utilizaba su teléfono celular para tomar una fotografía por debajo de la falda de una jovencita que se encontraba en el lugar.
La denuncia fue radicada ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres, que de inmediato inició una investigación en colaboración estrecha con la Fiscalía local. Las primeras diligencias se centraron en identificar al supuesto autor, lográndose establecer que se trataba de un hombre de apellido Garavano. Rápidamente, la pesquisa policial avanzó, concretándose dos allanamientos en su momento con el fin de dar con su paradero y recopilar evidencia digital. Estas acciones resultaron en el secuestro de una computadora, una tablet, un teléfono celular, pendrives y tarjetas de memoria, elementos cruciales que podrían vincularse a la investigación, aunque en esa instancia no se pudo dar con el paradero del imputado.
El hombre, al parecer, se había sustraído de la acción de la Justicia, ocultándose en la República Federativa del Brasil. Esto motivó que el personal policial de diversas dependencias lo buscara intensamente. La detención se concretó finalmente en horas de la noche del martes, cuando Garavano fue individualizado en la zona de Aduanas al arribar nuevamente al territorio argentino. En el momento de su aprehensión se le incautó un teléfono celular, que de inmediato fue puesto a disposición de los peritos judiciales para ser sometido a un análisis exhaustivo. La detención cumplía así con la orden judicial previa para que el hombre compareciera ante la autoridad judicial a cargo del legajo de investigación.
Una vez detenido y puesto a disposición de la Justicia, el caso tomó un giro inesperado, moviéndose del ámbito meramente policial al estrictamente procesal y humano. El Juzgado de Garantías de Paso de los Libres, bajo la dirección del juez Daniel Insaurralde, convocó a una audiencia crucial solicitada por la defensa del imputado, apenas horas después de su aprehensión.
La defensa, amparada en la aparición de circunstancias médicas sobrevinientes, solicitó levantar la orden de detención y, consecuentemente, el alerta roja internacional que pesaban sobre Garavano desde el 13 y 16 de octubre, respectivamente. El argumento central fue de índole médica y humanitaria: se acreditó, mediante informes y peritajes psiquiátricos brasileños debidamente certificados, que el hombre padece un trastorno bipolar con episodios maníaco-depresivos. Esta condición había derivado en brotes psiquiátricos que habilitaron el pedido defensivo.