Discapacidad: califican de "insuficiente y paupérrimo" el aumento de aranceles

El anuncio del gobierno nacional sobre un aumento en los aranceles del nomenclador de discapacidad no logró aplacar el malestar de los prestadores del sector. La medida, comunicada esta semana por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dispone una suba escalonada que oscila entre el 29,7% y el 35,4% entre octubre y diciembre de 2025, pero fue calificada como "insuficiente y paupérrima" por profesionales y entidades que sostienen la atención de personas con discapacidad en todo el país. De acuerdo con la resolución, las prestaciones de transporte, rehabilitación, internaciones, hogares y apoyos recibirán un incremento acumulado del 35,43%, distribuido en tres tramos: 14% retroactivo a octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre.

El resto de los servicios tendrá un aumento del 29,73%, con subas del 12%, 8,25% y 7%, respectivamente. Desde la Andis afirmaron que la actualización "busca fortalecer el sistema de atención, garantizando que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025". También destacaron que la medida fue aprobada con una partida adicional asignada por la Jefatura de Gabinete, "para brindar previsibilidad y reconocer el trabajo de los profesionales que acompañan a las personas con discapacidad". Sin embargo, la reacción del sector fue de descontento. "El ajuste llega tarde y es totalmente insuficiente frente a los costos reales y a la inflación acumulada", señaló Marcela Kriscovich, referente de Prestadores Unidos, en declaraciones a Radionord. Recordó que los aranceles estuvieron congelados durante un año y que las entidades enfrentan demoras de entre 60 y 120 días en los pagos, por lo que "recién cobrarán este aumento, con suerte, entre abril y junio de 2026". "Seguimos en emergencia. No creemos que la Agencia haya hecho un análisis real de costos. El sector está endeudado y el gobierno sigue sin aplicar la Ley de Emergencia que tanto necesitamos", remarcó Kriscovich. Desde otras organizaciones coincidieron en que la medida no alcanza para revertir la crítica situación. Daniel Lipani, integrante del Directorio de Andis, había impulsado un incremento del 70% a partir de octubre, pero la propuesta no prosperó. "El aumento aprobado no asegura la sostenibilidad de los servicios. Los centros, transportistas, terapeutas y acompañantes siguen trabajando a pérdida y con recursos cada vez más escasos", advirtieron desde entidades nucleadas en la Mesa Nacional de Prestadores. El reclamo no es nuevo. Desde hace meses, asociaciones y familias de personas con discapacidad vienen denunciando el deterioro del sistema, la falta de actualizaciones automáticas y los atrasos en los pagos de obras sociales y entes financiadores. "La realidad es que muchos servicios están al borde del cierre, lo que implica dejar sin atención a miles de usuarios", alertaron. Kriscovich celebró la reciente resolución judicial que ordena la restitución de más de 110.000 pensiones por discapacidad dadas de baja, aunque insistió en que "el aumento de aranceles es sólo un salvavidas, no una solución estructural". Mientras tanto, el gobierno sostiene que el esquema será revisado trimestralmente, aunque aún no hay mecanismos automáticos de actualización. En los hechos, los prestadores aseguran que la brecha entre los costos y los valores oficiales continúa ampliándose. "La emergencia del sector sigue sin respuesta. Lo que necesitamos no son parches sino políticas de fondo que garanticen la continuidad de los servicios y la dignidad de las personas con discapacidad", concluyó Kriscovich. Con la inflación acumulada de los últimos meses, los aumentos escalonados no alcanzan a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los aranceles, que siguen quedando rezagados frente a los gastos operativos, sueldos y mantenimiento de equipamiento. La preocupación se extiende en todo el país, mientras profesionales y familias temen por la continuidad de un sistema que, según advierten, "ya no resiste más demoras ni ajustes a medias".s