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UNA CHARLA CON CONDICIONES

Milei empezó a construir la coalición para las reformas

Las provincias pidieron discutir el reparto de fondos

EL PRESIDENTE BUSCA MAYOR APOYO EN EL CONGRESO, POR ESO CONVOCÓ A LOS GOBERNADORES

Luego de meses de tensiones, el presidente Javier Milei dio un primer gesto de apertura al diálogo al recibir en la Casa Rosada a un importante grupo de gobernadores, con los que comenzó a acordar las reformas que planea impulsar en el Congreso, aunque se llevó nuevamente el reclamo de mayores fondos para las provincias. Durante la reunión se tocaron fundamentalmente cuatro temas: la reforma fiscal e impositiva, la modernización laboral, el nuevo Código Penal y el Presupuesto 2026. Todas estas iniciativas serían tratadas durante las sesiones extraordinarias a las que llamará en las próximas semanas el gobierno, para que los legisladores continúen trabajando durante el verano. La oposición logró un emplazamiento para que el Presupuesto se debata en comisión la semana que viene, pero las autoridades nacionales pretenden postergar la discusión para después de diciembre. Para esa fecha, además, estarían listas las reformas laboral y tributaria, que están siendo preparadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el marco del Consejo de Mayo.

LA RESPUESTA

Los mandatarios aprovecharon en insistir con la "coparticipación de las asignaciones del impuesto a los combustibles líquidos, entre otras cuestiones a seguir conversando en otras reuniones". Se trata de un proyecto que los gobernadores presentaron a finales de junio pasado, en el momento de mayor diferencia con la Casa Rosada, pero que fue rechazado por la Cámara de Diputados. La iniciativa en cuestión se presentó en conjunto con otra que establecía cambios en el régimen de los ATN, para que su distribución sea automática, la cual sí fue sancionada por el Congreso, pero luego vetada por el Presidente. En lo que respecta a los combustibles, los mandatarios locales puntualmente habían propuesto modificar el artículo 19 de la Ley 23966, que fijó la forma en la que se reparten los ingresos que la Nación percibe por ese gravamen. Actualmente, ese dinero se divide en un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público. De esta manera, solamente el 10,40% restante se reparte entre las provincias, lo que representa un monto minoritario de los más de 2.500 millones de pesos que recibió la Nación en concepto de este gravamen, según fuentes oficiales. Los gobernadores buscaban con este proyecto que el monto pase a distribuirse únicamente entre las provincias, que se quedarían con el 58,36%.s

Cooperación

 Las provincias enfrentan varios dilemas: acompañar al oficialismo para asegurar más recursos, pero diluir su identidad electoral frente a La Libertad Avanza (LLA) en su competencia local en 2027, o mantener oposición y además menores recursos materiales. El gobierno consiguió el gesto que necesitaba para mostrar orden y consenso, pero las provincias quedaron, una vez más, en el lugar incómodo