La responsabilidad y la prioridad

Las obligaciones hay que honrarlas, es una regla de oro que hace a la integridad de las personas y de las instituciones. Para el Estado -en cualquiera de sus niveles- es un principio de observancia indiscutible, que no obstante algunos administradores circunstanciales se animan a desafiar. En resumen, enfocado en las cuestiones económicas esa máxima se ajusta plenamente al dicho popular: las deudas hay que pagarlas. Ahora bien, ¿el Estado argentino ha sido fiel y consecuente con esa directriz? En otras palabras, ¿cumple con las obligaciones? Hay suficientes antecedentes que demuestran que el Estado se ha salteado responsabilidades que fueron asumidas expresamente y otras que son inherentes al rol que le corresponde. No se trata de un hecho histórico sino de una conducta sostenida en el tiempo que le da estricta actualidad. Una suerte de incumplimiento continuo que se va modificando conforme se suceden los administradores de la cosa pública. Es decir, los gobiernos que manejan el Estado. Por ejemplo el actual gobierno (encabezado por Javier Gerardo Milei) está enfocado en pagar deudas a los acreedores extranjeros, Fondo Monetario, bonistas privados, bancos y organizaciones multilaterales de crédito. También a operadores del entramado financiero domésticos que se vuelven con ese juego especulativo en acreedores del Estado nacional. El presidente Milei entiende que hay una obligación indiscutible con ese sector. Y ciertamente es así, tiene esa condición, sin embargo el carácter indiscutible no supone prioritario o exclusivo. Existen otras obligaciones que también merecen igual o mayor atención. Entonces, ¿cómo hacer para cumplir con todos sin quebrantar el principio de honorabilidad al que se ha suscripto? Pues resulta indispensable establecer criterios de razonabilidad que hagan efectivo en términos de beneficio colectivo el sacrificio al que se somete justamente a todos los argentinos. Por ejemplo el celo que demuestra la administración libertaria por pagar la deuda externa no debería ser menor al compromiso que debería tener para sostener cuestiones humanitarias. Bastante se ha dicho en las últimas semanas respecto de las demandas -legítimas de algunos sectores como jubilados, familias con hijos discapacitados, profesionales de la Salud Pública, universitarios. Cuestiones esenciales que hacen al cuidado de la niñez, protección de los más vulnerables y resguardo de la ancianidad. ¿Qué debería pesar más en la agenda de las decisiones políticas? ¿El pago de la deuda o la afectación de parte de esos recursos para dar un auxilio mínimo a los desvalidos? Criterio. Está más que claro que no hay presupuesto suficiente para cumplir con la deuda externa y al mismo tiempo con las obligaciones propias de una sociedad civilizada. La dirigencia nacional parece haber perdido la capacidad para debatir seriamente, sin sesgos ideológicos, en procura de consensuar medidas que hagan al bien común. Y para colmo los procesos electorales -como el que estaba en curso- se han convertido en pujas descarnadas para capturar el poder que da la representación y así imponer procedimientos. Es el modelo de la fuerza no del convencimiento. El gobierno libertario tenía la mirada puesta en las urnas legislativas de octubre. El objetivo era conseguir muchos votos en el Congreso para avanzar sin necesidad de consensuar. Su vocación no es el diálogo, sino los empujones. Así fue durante este primer período de gestión, no hay razones para suponer que con más "poder" en las Cámaras vaya a cambiar la táctica. En la vereda de enfrente no hay mejor conducta, de tal manera que todo indica que las embestidas suplantarán al criterio.s.

Hay suficientes antecedentes que demuestran que el Estado se ha salteado responsabilidades que fueron asumidas expresamente y otras que son inherentes al rol que le corresponde