Milei enviará nueva ley de glaciares para promover "inversión"

El presidente Javier Milei afirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean las provincias las que determinen las zonas cercanas a los glaciares donde se permitan las actividades mineras. "Una de las leyes que vamos a estar mandando tiene que ver con la ley de periglaciales. Está la zona glaciar y la periglacial es el perímetro a partir del cual se pueden hacer actividades mineras.

Hoy eso no está bien definido", dijo Milei al disertar en el Congreso de Economía Regional. Milei resaltó que la minería es uno de los sectores que presentan "grandes oportunidades para hacer negocios" y que tiene potencial para crear un millón de puestos de trabajo. "Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre pero no tocar nada, con una actitud bien primitiva", aseveró el presidente argentino. Milei anticipó que la norma, cuya aprobación impulsará en el Congreso, buscará que sean las provincias las que determinen cuál es la zona periglacial. "La contracara de eso va a ser una gran inversión en materia de minería", sostuvo Milei, quien dijo que la idea original de este proyecto es de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, una de las provincias con fuerte actividad minera. Según la Constitución argentina, son los Estados provinciales los dueños de los recursos naturales. La Carta Magna también establece la protección de los derechos ambientales. Argentina registra ahora mismo fuertes inversiones en el sector minero, particularmente en litio, cobre y oro. Luego de una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica y de las organizaciones ambientales, Argentina aprobó en 2010 una Ley de Glaciares, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y patrimonio natural nacional. Desde entonces, la norma enfrentó cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua, prevalecen por sobre intereses individuales. S