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Una tarea necesaria

Más allá de la cuestión económica, el gran flagelo argentino, el Gobierno nacional encara en paralelo a las medidas económicas una lucha contra la inseguridad. Es así que a través de la resolución 448/2025, publicada en el Boletín Oficial, el plan 90/10 con la idea de bajar los homicidios en el país, este programa explica que el 90% de los homicidios intencionales ocurren en el 10% de los municipios del país. El escrito oficial, firmado por la ministra Patricia Bullrich, indica que el plan 90/10 tiene como objetivos específicos "desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia letal en los territorios seleccionados; recuperar el control territorial en zonas de alta conflictividad donde el Estado ha perdido presencia frente a actores violentos; fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales y de seguridad federales y el sistema de justicia para mejorar la tasa de esclarecimiento y sanción de los homicidios intencionales; disminuir la circulación y uso ilegal de armas de fuego; reducir los factores de riesgo que generan violencia letal, desarrollar políticas de prevención y aumentar los niveles de confianza y cooperación entre la comunidad y las fuerzas policiales y de seguridad federales". Se detalló que las primeras jurisdicciones que tendrán partida con este plan son Rosario, Santa Fe y San Miguel de Tucumán; los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y General Pueyrredón; sumados a los departamentos de Godoy Cruz y Las Heras en la provincia de Mendoza, además de la ciudad de Córdoba. En la resolución el Gobierno nacional remarca que, aunque en términos generales, "la tasa de homicidios en Argentina se mantiene en niveles relativamente moderados, comparada con otros países de la región", pero todavía "persisten focos críticos en ciertas áreas urbanas y territorios con alta vulnerabilidad social". En este marco, describe que "el fenómeno de los homicidios presenta una distribución geográfica desigual, con tasas más altas, donde la combinación de factores como la narcocriminalidad y la marginalidad social favorecen el control territorial por parte de los grupos criminales". "Los homicidios suelen estar asociados a otras formas de violencia, como la intrafamiliar y/o la juvenil. Esta violencia, a su vez, retroalimenta un ciclo que aumenta la probabilidad de incidentes letales, por lo que es fundamental abordar estas dinámicas para tener un impacto sostenible en la reducción de homicidios", destaca. Frente a este escenario, sostiene que el plan territorial de reducción de homicidios y violencia relacionada, más conocido como plan 90/10, tiene como objetivo reducir de manera significativa los niveles de homicidios intencionales y la violencia relacionada en los territorios prioritarios, mediante una intervención integral que articule políticas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional. "Dicho plan se erige como una respuesta integral, basada en evidencia para reducir no sólo las tasas de homicidios intencionales, sino también los factores asociados a la violencia en los territorios más afectados, sin dejar de atender demandas específicas de inclusión realizadas por los gobernadores provinciales a partir de evidencia empírica que surgen de fuentes de datos provinciales", concluye el escrito. Estas medidas se presentan como relevantes, en medio de un clima electoral donde la inseguridad forma parte de lo cotidiano, y que se busca comenzar a revertir de modo que tenga su impacto en las urnas

El Gobierno describe que "el fenómeno de los homicidios presenta una distribución geográfica desigual, con tasas más altas, donde la combinación de factores, como la narcocriminalidad y la marginalidad social, favorecen el control territorial por parte de los grupos criminales