Se habilitó el procedimiento de crisis con un servicio de transporte más caro

A menos de un mes del aumento del boleto urbano en Corrientes, que trepó más del 46 % y llevó la tarifa a $ 1.890, la empresa Ersa Urbano, concesionaria de la mayor parte del servicio en la Capital provincial, ingresó en procedimiento preventivo de crisis.

La medida, aprobada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, habilita a la firma a suspender trabajadores, aplicar recortes y reducir la circulación de unidades. El diagnóstico es conocido por los usuarios: pese al fuerte ajuste tarifario argumentado como necesario para "sostener el servicio", comienzan a repetirse exactamente las mismas falencias que motivaron los reclamos previos al aumento. Hoy, los pasajeros se encuentran nuevamente con menos frecuencias, unidades fuera de servicio y recorridos acotados, pero pagando uno de los boletos más caros de la Argentina. La confirmación del procedimiento de crisis generó una ola de preocupación entre los choferes. Ayer, un grupo de trabajadores pidió la intervención de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes para denunciar nuevas modalidades laborales que, según afirman, afectan de manera directa a sus ingresos. Una nueva figura, muy cuestionada, es la del "chofer sin servicio asignado", que implica que el trabajador no realiza tareas en el día, pero tampoco cobra esa jornada. Los testimonios recogidos dan cuenta de descuentos de hasta $ 400.000 en salarios cuyo básico ronda en $ 1.200.000. Los conductores advierten además sobre la incertidumbre en torno al pago del medio aguinaldo, posibles vacaciones impagas y recortes en viáticos y antigüedad. La empresa, señalan, justifica esta modalidad en una supuesta reducción de flota -una o dos unidades por línea- que deja "personal excedente". Pero para los trabajadores se trata de un mecanismo que profundiza la precarización y traslada el ajuste a los salarios. ACUERDO VIGENTE El secretario general de UTA Corrientes, José Luis Sabao, reconoció en declaraciones a radio Sudamericana, el malestar del sector, pero explicó que la organización mantiene un acuerdo de tres meses con las empresas en el marco del procedimiento preventivo de crisis. Señaló que la UTA debió ceder viáticos, antigüedad y parte del salario remunerativo para evitar suspensiones y despidos. Sobre la figura del "chofer sin servicio asignado", dijo que surge cuando la empresa reduce unidades y argumenta exceso de personal. "Venimos discutiendo esto para que ningún compañero quede suspendido ni despedido", afirmó. También negó que peligren aguinaldo o vacaciones: "Si un compañero cobra menos de lo que corresponde, que se acerque; vamos a hacer el reclamo. Ese monto no puede estar cobrando un trabajador". En paralelo, los pasajeros denuncian que, desde la implementación del tarifazo el 3 de noviembre último, no se observa ninguna mejora visible: continúan los colectivos abarrotados, los largos intervalos, las cancelaciones sin aviso y las esperas interminables en horarios pico. La contradicción resulta evidente: se paga un servicio más caro, sin que la contraparte -el funcionamiento cotidiano del transporte- muestre señales de recuperación. Mientras tanto, en la ciudad de Resistencia (Chaco), donde Ersa también opera, se registra un cuadro similar: la empresa entró en procedimiento de crisis y los choferes advirtieron por retrasos salariales y recortes. En Corrientes, la habilitación formal para suspender personal y ajustar recorridos abre un escenario complejo. Con menos choferes disponibles, o trabajando bajo nuevas modalidades que desincentivan la prestación efectiva, expertos advierten que podría haber nuevas caídas en la frecuencia, lo que impactará de lleno en la calidad del servicio. A 24 días del tarifazo, la pregunta vuelve a instalarse con fuerza entre los usuarios: ¿a dónde fue el aumento del boleto? ¿Por qué, aun pagando una de las tarifas más elevadas del país, el servicio tiende a empeorar? El escenario, lejos de dar señales de estabilidad, muestra un sistema que vuelve a quedar en el centro de cuestionamientos sociales y sindicales, mientras miles de correntinos dependen de los colectivos para trabajar, estudiar y realizar trámites cotidianos.