El rol de la comunicación judicial frente a la violencia de género

 La conversación sobre la violencia de género en la Argentina ya no puede prescindir de un actor fundamental: el Poder Judicial. Pero no solo por su responsabilidad en investigar, procesar y sancionar delitos, sino por el modo en que comunica esas acciones.

Así lo plantea la licenciada Sonia Pilar Vaamonde, vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Comunicadores Judiciales (JusCom), en un reciente artículo publicado en la edición especial 25N de Cuadernos de Jurisprudencia. "La responsabilidad de los organismos judiciales no culmina con la investigación y el dictado de una sentencia. Se extiende, de manera ineludible, a la forma en que comunican sus acciones a la sociedad", señala Vaamonde. A su entender, cada información ofrecida a la prensa, cada resolución difundida por los canales institucionales y cada declaración pública son, en sí mismos, actos de impacto social profundo. Por eso, sostiene, la comunicación judicial tiene un rol pedagógico: puede reforzar las estructuras culturales que sostienen la violencia o, por el contrario, colaborar en su desmantelamiento. En un país donde los femicidios se cuentan por centenas cada año y donde persiste la naturalización de la violencia machista, este aspecto adquiere una importancia decisiva. Vaamonde recurre a una clave interpretativa central: el femicidio es un mensaje de poder. Se trata, afirma, de un acto violento que busca exhibir dominio y control en el marco de un orden patriarcal. Por eso, la forma en que se comunica judicialmente ese crimen no es neutral, ni secundaria. "Si el femicidio es un mensaje de poder dirigido a la sociedad, la comunicación de la Justicia debe ser un contramensaje igualmente potente", escribe. Ese contramensaje, explica, debe ser claro y sin ambigüedades. Tiene que afirmar que el poder que expresa el femicida es ilegítimo, que no hay atenuantes posibles y que el Estado sancionará esos actos con toda la fuerza de la ley. La contundencia no es solo jurídica: también es simbólica. La sociedad observa, toma nota, interpreta. Y en ese proceso se define si la Justicia actúa como un agente que desnaturaliza la violencia o como un actor que, inadvertidamente, la reproduce. La especialista advierte que existen riesgos concretos cuando la comunicación judicial se gestiona sin perspectiva de género o sin rigor profesional. El uso de terminologías incorrectas, la reproducción de estereotipos sobre víctimas y victimarios, la difusión de detalles morbosos o la descontextualización de los hechos pueden desviar el foco desde la responsabilidad del agresor hacia factores irrelevantes, o incluso revictimizantes. En ese punto, Vaamonde subraya una obligación ética: cuando un organismo judicial comunica, debe evitar convertirse en perpetrador de la misma violencia simbólica que está encargado de investigar y sancionar. Esto implica evitar expresiones que justifiquen o atenúen el acto violento, evitar culpar a la víctima y abstenerse de espectacularizar los crímenes. El desafío es doble. Por un lado, comunicar con precisión, respeto y perspectiva, protegiendo la dignidad de las víctimas y entendiendo que cada mensaje contribuye a moldear la reacción social. Por el otro, ofrecer a la ciudadanía información clara que no perpetúe la idea de que los femicidios son hechos aislados o inexplicables, sino parte de un entramado cultural que la Justicia tiene la responsabilidad de ayudar a desarmar. Vaamonde apunta que la comunicación judicial debe ser planificada, sostenida y revisada, no fragmentaria ni improvisada. Un modelo de comunicación comprometido puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más consciente y menos tolerante con la violencia machista. En tiempos donde la violencia de género sigue interpelando al país, el rol comunicacional de la Justicia ya no es accesorio: es imprescindible. Y, como insiste Vaamonde, cada palabra que emite una institución del sistema judicial puede ser un acto para desnormalizar la violencia o, involuntariamente, para perpetuarla-