Cuando el trabajo se vuelve un privilegio
La Argentina está atravesando una tormenta laboral que amenaza con dejar sin sustento económico a miles de familias. La destrucción de empleo, tanto en el sector privado como en el público, avanza de manera simultánea y acelerada, configurando un escenario de incertidumbre que recuerda a los peores momentos de nuestra historia reciente. No estamos ante un simple ajuste administrativo ni ante un reacomodamiento económico temporal: estamos frente a un proceso profundo y creciente de expulsión del mercado de trabajo. Un estudio reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA advierte que la caída del empleo formal privado fue seis veces mayor que la registrada en el sector público. Solo en agosto se perdieron 13.100 puestos registrados, de los cuales 10.600 corresponden a empresas privadas. La contracción es sostenida desde mayo y las señales de recuperación brillan por su ausencia. Si el motor productivo se detiene, el resto del sistema se derrumba: ninguna economía puede sostenerse si quienes impulsan su funcionamiento ven desaparecer sus ingresos. Pero mientras las empresas achican personal o cierran sus puertas, el Estado también está desmontando su estructura laboral. De acuerdo con los datos oficiales del Indec, en lo que va del año se perdieron más de 15.000 empleos en la Administración Pública Nacional, y desde la llegada del actual gobierno el número supera los 50.000 trabajadores cesanteados. En octubre se eliminaron 982 puestos más, y la caída interanual alcanza el 7,6 %. La administración centralizada fue la más golpeada, con una baja del 15,3 %. Y esto no terminó: desde la Casa Rosada anticiparon que se avanza en un recorte adicional que podría afectar a otro 10 % del total de empleados públicos. Lo que se presenta como una medida técnica o necesaria para "achicar el Estado" se traduce en la vida real en miles de familias que de un día para otro pierden su único ingreso. La motosierra, celebrada en discursos, se convierte en desesperación en los hogares donde la heladera está vacía y las cuentas no esperan. Y más grave aún es que el sector privado -que según la narrativa oficial debería absorber los puestos desplazados del sector público- está atravesando su peor crisis de empleo en años. Si ni las empresas ni el Estado pueden ofrecer trabajo, ¿de qué vive la gente? Como si el panorama no fuera ya alarmante, el salario mínimo, vital y móvil sufrió una caída real del 35 % desde noviembre de 2023, y hoy se ubica por debajo del valor que tenía en 2001, antes del estallido social que marcó a fuego la memoria colectiva argentina. El salario mínimo actual representa apenas un tercio de su valor máximo histórico. Con menos empleo y con sueldos pulverizados, el resultado es previsible: pobreza creciente, desigualdad y fractura social. Algunos sectores insisten en que estos sacrificios conducirán en el futuro a una economía más eficiente, más moderna y más equilibrada. Pero ningún proceso de transformación puede construirse sobre un país sin trabajadores. La experiencia demuestra que no hay estabilidad sin inclusión, y que destruir empleo sin generar alternativas reales jamás conduce al desarrollo. La pregunta clave, la que nadie parece querer responder desde el poder, es simple y contundente: ¿Cuál es el proyecto de país para los millones que hoy están quedando afuera del sistema? No lo es en una Argentina donde el trabajo se transforma en un privilegio, donde la sobrevivencia depende del rebusque y donde cada familia debe elegir entre comer o pagar el alquiler. Nuestro país no se sostiene con slogans ni con porcentajes fríos: se sostiene con trabajo digno, con producción, con educación, con oportunidades, con cohesión social y con respeto por la dignidad humana.s
El empleo no es un gasto ni un privilegio estatal: es la base misma del contrato social. Romperlo es romper la Argentina