Narcomenudeo: cuenta regresiva y la presión aumenta sobre la Justicia

El gobernador Gustavo Valdés ha marcado la agenda de seguridad pública en la provincia de Corrientes con un anuncio de alto impacto, justo en el cierre de su mandato: la Ley de Narcomenudeo comenzará a implementarse formalmente en febrero de 2026. El anuncio fue vertido en un acto de trascendencia institucional, la puesta en funciones de más de 600 nuevos agentes policiales, un gesto que simboliza el refuerzo de la capacidad operativa provincial.

Esta decisión política, que traspasa la responsabilidad ejecutiva al próximo gobierno -liderado por su hermano y sucesor, Juan Pablo Valdés-, establece un plazo ineludible y una presión directa sobre el Poder Judicial provincial. La Ley de Narcomenudeo implica la transferencia de la jurisdicción penal para investigar y juzgar la venta de drogas en pequeña escala, una competencia que hasta ahora recae exclusivamente en la Justicia Federal. Al asumir esta nueva responsabilidad, la Justicia correntina debe, en los dos meses que restan hasta febrero, realizar ajustes estructurales mayúsculos: crear el fuero específico para estos delitos, establecer nuevas fiscalías especializadas y dotar de recursos y personal capacitado a todo el sistema . La fecha límite impuesta por el Ejecutivo provincial, aunque ambiciosa, subraya la voluntad política de combatir el microtráfico en las calles. La urgencia de implementar esta ley se justifica con datos que, incluso sin la habilitación legal específica, ya exhiben un problema creciente en el territorio correntino. Durante el año 2025, y a pesar de no contar aún con la ley de desfederalización plenamente operativa, la Policía de Corrientes demostró una alta proactividad, llevando a cabo 110 procedimientos contra el microtráfico. Estos operativos resultaron en la detención de cerca de un centenar de personas, siendo la mayoría mujeres. Este dato refleja una problemática social profunda, donde muchas veces las mujeres son utilizadas como el eslabón más vulnerable y visible en la cadena de expendio minorista de estupefacientes, asumiendo grandes riesgos por escasas ganancias. En cuanto a las sustancias decomisadas, las cantidades incautadas son escasas, lo que es un indicio claro de que los procedimientos apuntan directamente a los puntos de venta al menudeo o "kioscos", donde se manejan volúmenes pequeños para la venta diaria. Si bien se sigue decomisando marihuana, la preocupación central radica en el aumento constante de la cocaína de bajísima calidad. Por su mayor potencial adictivo y su precio menos elevado, representa un recrudecimiento de la problemática social, sanitaria y de seguridad pública.