Sigue el juicio por la muerte de "Manchita" García en la Unidad Penal 6

En el Tribunal de Juicio N.º 1, ubicado en el edificio Patono de la Capital correntina, avanza el juicio por la muerte de Héctor Ezequiel "Manchita" García, el interno que falleció el 13 de octubre de 2021 tras un violento episodio ocurrido en la Unidad Penal N.º 6. El Tribunal está integrado por los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y María Mercedes Leconte, en el juicio que investiga un presunto hecho de violencia institucional y tiene como imputados a ocho efectivos del Servicio Penitenciario Provincial.

Las audiencias comenzaron este lunes y continuarán este miércoles, jueves y viernes cuando se prevé que se produzca una condena. En contacto con Radio Sudamericana, el abogado Hermindo González, defensor de Laura Silveiro, madre de la víctima, sostuvo que Ezequiel no tenía condena firme y que se encontraba a horas de recuperar la libertad. Además, recordó que el joven contaba con un hábeas corpus preventivo debido a amenazas y agresiones previas por parte del personal penitenciario, lo que obligaba a extremar los cuidados en su trato y en los horarios de recreación. González también cuestionó las contradicciones en las primeras versiones médicas y denunció maniobras de encubrimiento. En ese sentido, señaló que una autopsia médico-legal posterior permitió establecer que las lesiones cerebrales, cardíacas y en otros órganos fueron consecuencia de golpes y contusiones externas, descartando la hipótesis inicial de una muerte por causas naturales o medicación. "No fueron solo estos ocho agentes. La violencia fue sistemática y en escalada", afirmó el abogado querellante, quien remarcó en ese medio que la investigación atravesó casi cinco años de obstáculos, mientras la madre de la víctima se convirtió en una referente de la lucha por justicia. Según indicó el Dr. Hermindo González, durante las audiencias, uno de los imputados, Lucas González, reconoció su responsabilidad en los hechos y sostuvo que también deberían estar sentados en el banquillo los jefes del Servicio Penitenciario, planteo que refuerza la hipótesis de responsabilidades más amplias dentro de la cadena de mando. Los otros seis agentes: Ramón Gómez, Ricardo Páez, Marcelo Alegre, Rubén Camaño Castillo, Francisco Gómez y Lucas González transitan el proceso en libertad. En su caso, el Ministerio Público Fiscal los señala como partícipes no necesarios del delito de tortura seguida de muerte, figura contemplada en el artículo 144 ter del Código Penal, una de las más severas en materia de violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado. La primera audiencia estuvo marcada por un fuerte debate técnico. El abogado defensor de dos de los imputados, Rodolfo Cochia, pidió la nulidad del juicio por supuestas irregularidades en etapas previas de la investigación. El planteo fue desestimado. El juicio continúa con la recepción de testimonios y se presenta como un caso emblemático de tortura institucional en el sistema carcelario. De los ocho imputados, dos, identificados como Víctor Molina y Héctor Ortiz, llegan detenidos y enfrentan la acusación más grave: tortura seguida de muerte. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tortura seguida de muerte, una de las figuras más graves previstas en el artículo 144 del Código Penal, delito que contempla penas severas cuando la violencia es ejercida por funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones.s