Atrapados en la informalidad

L a informalidad laboral ya no es una anomalía del mercado de trabajo argentino: es su rasgo estructural más persistente y, a la vez, más injusto. El reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (Iiep) de la UBA vuelve a encender una alarma que hace años suena sin ser escuchada con la urgencia necesaria. Casi 7 de cada 10 jóvenes que ingresan hoy al mercado laboral lo hacen en la informalidad. No se trata de un dato aislado ni coyuntural, sino de una tendencia que se consolida y se reproduce. Trabajar sin recibos de sueldo, sin aportes jubilatorios y sin cobertura de salud se convirtió en la puerta de entrada habitual al mundo del trabajo para miles de jóvenes. Ese primer empleo, lejos de ser un escalón hacia mejores condiciones, muchas veces se transforma en una trampa. Una trampa que limita ingresos, vulnera derechos y condiciona toda la trayectoria laboral futura. La cifra es contundente: el 67 % de los trabajadores de entre 16 y 24 años está en la informalidad. Son casi 24 puntos porcentuales más que el promedio general del mercado laboral argentino. En términos simples, cuatro de cada diez personas ocupadas trabajan hoy fuera de toda protección legal. Pero el problema no es solo laboral. La informalidad está estrechamente ligada a la pobreza. Y los números lo confirman sin margen para interpretaciones optimistas. El 38 % de los trabajadores informales es pobre. Entre los trabajadores formales, esa proporción cae al 5 %. La brecha es brutal y expone una verdad incómoda: tener empleo no garantiza salir de la pobreza. Cuando el trabajo es precario, inestable y mal remunerado, se convierte en parte del problema y no de la solución. La informalidad condena a millones de personas a ingresos insuficientes y a una permanente incertidumbre. Y en el caso de los jóvenes, esa condena se proyecta hacia el futuro. Tal como advierten los especialistas, la informalidad juvenil rara vez es transitoria. Quienes comienzan su vida laboral en este circuito tienen altas probabilidades de permanecer allí durante años. Saltan de un empleo precario a otro, alternando períodos de desocupación y subempleo. Esa trayectoria fragmentada no solo debilita el presente. También hipoteca el futuro. Sin aportes ni estabilidad, la jubilación se vuelve una quimera y la vejez, una amenaza. La edad, el nivel educativo y el tipo de inserción laboral profundizan las desigualdades. Los trabajadores independientes muestran tasas de informalidad mucho más altas que los asalariados. Y quienes no completaron la escuela secundaria están claramente en desventaja. La educación aparece, una vez más, como una frontera decisiva. A mayor nivel educativo, menor informalidad. Entre quienes no terminaron el Secundario, la informalidad supera el 65 %. No es casualidad. El mercado de trabajo castiga con dureza la falta de capital humano. Y ese castigo se traduce en pobreza, exclusión y oportunidades truncas. La informalidad también tiene un sesgo de género. Las mujeres presentan tasas más altas en casi todos los grupos etarios. Aunque en la juventud, son los varones quienes encabezan el ranking de precariedad. Este escenario no es inevitable. Es el resultado de decisiones -y omisiones- de política pública acumuladas durante décadas. La informalidad no se reduce sola ni se corrige con discursos. Se necesitan políticas activas, sostenidas y articuladas. Políticas que apunten a la formación profesional y a la capacitación laboral. Políticas que acompañen al primer empleo y promuevan la formalización real. No alcanza con flexibilizar normas ni con bajar costos de contratación si no se atacan las causas profundas. S

No alcanza con flexibilizar normas ni con bajar costos de contratación si no se atacan las causas profundas. La pobreza, la desigualdad educativa y la falta de oportunidades de calidad empujan a los jóvenes a la informalidad