Prestadores alertan que peligran un millón de empleos

En medio del tratamiento ayer en el Senado Nacional del presupuesto 2026, desde el sector de salud privado advirtieron que si el Presupuesto 2026 era votado sin la Emergencia Sanitaria, más de 1 millón empleados del sector podrían ser despedidos. Esta alerta surgió de la Unión Argentina de Salud (UAS), cámara que engloba a los prestadores, que también alertó que cientos de empresas del sector quedarían a borde del cierre.
La entidad advirtió por la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, que incluía, entre otros temas, la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías.
La emergencia está vigente desde 2001 y en el sector se quejan de que ningún gobierno resolvió la situación de fondo de la industria y tampoco se sinceraron los precios y costos.
La UAS advirtió que lo votado en Diputados "deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones, que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales que, de prosperar esa medida, entrarían en riesgo de cierre desde el 1 de enero de 2026’.
Ante esta situación, exigen el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, y asegure que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales.
"Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público", aclaró el titular de la UAS, Hugo Magonza.
Señaló que "la posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema". El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales. Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público. Esta medida urgente debe ir acompañada de un análisis profundo y responsable del modelo tributario vigente. En las circunstancias actuales -marcadas por aranceles postergados, costos estructuralmente crecientes y una elevada carga laboral-, el sistema se vuelve crecientemente inviable. A ello se suma la expansión de una litigiosidad laboral de magnitud, que incrementa la incertidumbre, distorsiona los incentivos y agrava el deterioro económico del sector. Este conjunto de factores hace imperioso avanzar hacia un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema.
El comunicado de la UAS finalizó diciendo que "la salud no debe ser tratada como una actividad económica más. La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de toda la población

Discapacidad se movilizó hasta el Congreso

En la jornada de ayer, el colectivo de personas con discapacidad se movilizó hasta las puertas del Congreso de la Nación para pedir que el Senado no derogue la Ley de Emergencia en Discapacidad a través del tratamiento del Presupuesto 2026. Guadalupe Bargiela, quien en 2024 fue despedida, junto a otras 165 personas, de la Andis, dijo: "La idea de la movilización es que venimos de situaciones complejas en todo el año, de la Ley de Emergencia en Discapacidad que todavía no se aplica".
"Hoy en el Senado se trata la Ley de Presupuesto. Estamos atragantados con el pan dulce por las Fiestas y nos venimos a enterar de que Milei puede derogar por decreto las leyes de Discapacidad, Educacional y demás", advirtió.
"Estamos en esa lucha. Seguimos peleando con un gobierno que nos quiere dejar sin derechos. A las 11 de la mañana nos encontramos en la puerta del Senado para seguir exigiendo que no nos deroguen la Ley de Emergencia en Discapacidad", concluyó.
CONTRADICCIÓN PARA NO CUMPLIR LA LEY
El gobierno de Javier Milei se escuda en la Ley de Administración Financiera para "suspender" Emergencia en Discapacidad. Pero, paradójicamente, en el artículo 75 del Presupuesto 2026, los libertarios intentaron incumplir esa misma ley para, justamente, derogar la emergencia en cuestión.
El 4 de septiembre, el Senado insistió con la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026. Se trata de la iniciativa impulsada por el grueso de los bloques de la oposición que el presidente Milei vetó por -supuestamente- atentar contra el equilibrio fiscal. El argumento que utilizó el oficialismo en aquel entonces fue el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. En concreto, allí se establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".s