Inocencia Fiscal: se sancionó la ley que modifica el Régimen Penal Tributario

El Senado nacional sancionó durante la noche del viernes la Ley de Inocencia Fiscal, que activará modificaciones en el Régimen Penal Tributario, entre otras cuestiones, para elevar los desfasados umbrales de evasión y, si se puede, fomentar la reincorporación de "dólares del colchón".

El proyecto, que obtuvo 43 votos a favor -26 en contra-, no tuvo grandes objeciones, aunque el Ejecutivo se comprometió a reforzar un concepto sobre multas automáticas para evitar problemas en pequeñas y medianas empresas. Algunos puntos de la iniciativa en cuestión imponen la actualización de la evasión simple -de dos a seis años de prisión-, que pasará de $ 1.500.000 a $ 100.000.000. En tanto, la agravada -de tres años y seis meses a nueve años de cárcel- saltará de $ 15.000.000 a $ 1.000.000.000. Para el último caso, "si hubieren intervenido persona o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y/o jurisdicciones no cooperantes, para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado, el ‘monto evadido’ tendrá que superar los $ 200.000.000, y no los $ 2.000.000 vigentes". Similar caso caerá para el uso "total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falso, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare $ 100.000.000 en vez del $ 1.500.000 actuales". En tanto, la oposición reclamó por las multas automáticas previstas, las cuales experimentarían un incremento superior a 110.000 %. Es que, según explicaron tributaristas en las últimas semanas, a modo de ejemplo, la penalidad establecida en el artículo 38, que hoy es de $ 200 para personas físicas, ascendería a $ 220.000. Para las jurídicas, la sanción pasaría de $ 400 a $ 440.000. Ahí es donde el Ejecutivo prometió una solución cuando se reglamente la ley. La Ley de Principio de Inocencia Fiscal fue elaborada por un equipo integrado por Santiago Caputo, asesor presidencial; Juan Pazo, ex titular de Arca; María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica de la Nación; Luis Caputo, ministro de Economía; y Silvina Rivarola, directora del BCRA. Entre las motivaciones centrales del texto, sus impulsores señalaron la necesidad de que los ciudadanos puedan disponer sin restricciones de sus ahorros, buscando restablecer la confianza para ingresar dólares al sistema y garantizar protección frente a eventuales acciones de futuras administraciones. En las semanas previas, el proceso incluyó consultas con especialistas en materia tributaria, penal y prevención del lavado de activos. El resultado fue un proyecto que, según la intención de sus redactores, restablece el principio de inocencia para los ahorristas. "Esta modificación al régimen penal tributario no pretende ser una ley ‘ad eternum’. La inflación nos ha producido un desbarajuste que nos lleva a un sistema anacrónico, que deja desactualizado los umbrales", afirmó el senador libertario y titular de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto (La Rioja).s