Ambientalistas cruzan a intendente y denuncian que la emergencia era previsible y fue advertida
Tras las declaraciones de Néstor "Reni" Buján, que responsabilizó a una acción judicial por la falta de dragado, los ambientalistas y el movimiento El Riachuelo se defiende salió con dureza a refutar sus dichos. Aseguran que la crisis actual no es una sorpresa, que fue advertida con anticipación y que las obras cuestionadas eran ilegales y ambientalmente destructivas.
La emergencia hídrica que golpea a San Luis del Palmar no solo dejó barrios bajo el agua y cientos de familias afectadas. También abrió una fuerte polémica política y ambiental en torno a las responsabilidades por el estado actual del Riachuelo, un conflicto que arrastra al menos siete años de denuncias, fallos judiciales incumplidos y advertencias ignoradas.
El intendente Reni Buján, en declaraciones públicas, sostuvo que la situación se agravó por un volumen de lluvias extraordinario -unos 400 milímetros en menos de 72 horas- y apuntó contra un grupo de ambientalistas que, según afirmó, frenó judicialmente el dragado del Riachuelo iniciado durante la gestión anterior. "Si ese dragado se concretaba con su extensión, estaríamos hablando de otra situación", expresó, y agregó que hoy "el perjuicio lo vivimos los seres humanos".
Las palabras del jefe comunal no tardaron en encontrar respuesta. El movimiento El Riachuelo se defiende salió a cuestionar con dureza esas afirmaciones y sostuvo que lo dicho por el intendente "no se ajusta a la realidad". Para la organización, la actual catástrofe no es una sorpresa ni un hecho imprevisible, sino la consecuencia directa de años de desidia estatal, mala planificación y falsas soluciones.
"¿Hace cuántos años que la situación los toma por sorpresa?", plantearon en un duro comunicado. Y fueron más allá: asumieron con ironía el rol de "culpables" que se les adjudica. "¿Culpables de denunciar un negociado político a costa de un ecocidio? Sí. ¿Culpables de señalar una megaobra sin estudio de impacto ambiental? Sí. ¿Culpables de defender el monte y el cauce natural del río? También", enumeraron.
Desde el movimiento recuerdan que en 2018 se realizaron obras de dragado y desmonte que califican como ilegales, con un enorme impacto negativo sobre el ecosistema del Riachuelo. Según detallan, el daño afectó decenas de kilómetros de bosques de ribera, la biodiversidad acuática y terrestre -incluyendo especies como el lobito de río y el mono carayá- y alteró de manera profunda el comportamiento natural del curso de agua.
Lejos de prevenir inundaciones, sostienen que esas intervenciones pueden haber agravado el problema. Incluso citan informes técnicos que advierten que "ninguna obra hídrica evita las inundaciones" si no se acompaña de un ordenamiento territorial serio, que impida asentamientos en zonas inundables y promueva el traslado de barrios a áreas seguras.
El conflicto llegó a la Justicia hace más de siete años y aún sigue abierto. La causa Nº 174638/18 tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 de Corrientes, a cargo del juez Roberto Sánchez, quien debe ejecutar una sentencia que ordena recomponer el daño ambiental y establecer medidas de compensación. Entre los pedidos figuran la ampliación de reservas provinciales, la prohibición de desmontes en bosques ribereños y la restauración integral del Riachuelo.
Para El Riachuelo se defiende, responsabilizar hoy a una acción judicial es una forma de eludir responsabilidades políticas. "Basta de falsas soluciones", advierten, y reclaman que se cumpla la sentencia y se termine con lo que denominan una larga historia de impunidad ambiental en Corrientes.
Mientras el agua sigue afectando a San Luis del Palmar, la discusión de fondo queda expuesta: si la emergencia es solo producto de lluvias excepcionales o el resultado de años de decisiones -y omisiones- que hoy pasan factura.