Venezuela, Trump y el peligro de normalizar la fuerza

La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar una intervención militar en Venezuela sacudió el tablero internacional y reabrió un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una potencia en nombre de la democracia? La medida despertó adhesiones fervorosas y rechazos tajantes, argumentos jurídicos sofisticados y alarmas políticas profundas. En el centro de la escena vuelve a aparecer una tensión irresuelta entre la condena a las dictaduras y el respeto al derecho internacional.

Nadie discute que la situación venezolana era desesperante. Nadie duda de que el régimen de Nicolás Maduro se había transformado en una dictadura despreciable, sostenida por la represión, la manipulación electoral y el empobrecimiento sistemático de su pueblo. Tampoco hay controversia sobre la gravedad humanitaria ni sobre el éxodo masivo de millones de venezolanos. La condena moral al madurismo es amplia, transversal y legítima.

Pero una cosa es condenar a un régimen autoritario y otra muy distinta es legitimar una intervención militar decidida de manera unilateral. La acción de Trump no solo ignoró los mecanismos multilaterales, sino que también eludió controles internos básicos: el presidente estadounidense no pasó la decisión por el Congreso, como lo exige su propia Constitución, y avanzó mediante una resolución personalista, más cercana a la lógica del "sheriff global" que al Estado de derecho que dice defender.

Allí aparece el primer límite ineludible. El derecho internacional no está diseñado para resolver dilemas morales, sino para poner frenos al abuso del poder. Precisamente por eso establece límites claros al uso de la fuerza. Si cada Estado se arroga el derecho de intervenir donde cree que hay una injusticia, el mundo deja de regirse por normas y pasa a ordenarse por la ley del más fuerte.

Los defensores de la intervención señalan un punto que no puede ser desestimado a la ligera. Estados Unidos construyó -con ayuda de la propia torpeza del régimen venezolano- un andamiaje jurídico novedoso: al no exhibir las actas electorales y frente a la evidencia de un proceso fraudulento, Maduro habría perdido la posibilidad de ampararse en el principio de autodeterminación de los pueblos. Bajo esa lógica, la soberanía no residiría en el territorio ni en quien detenta el poder de facto, sino en el pueblo que ya habría elegido otro gobierno. Desde ese enfoque, la acción no sería un acto de guerra, sino la captura de un delincuente, incluso bajo cargos de narcotráfico contemplados por la legislación estadounidense.

El argumento es sofisticado y, para muchos juristas, técnicamente consistente. Pero incluso aceptando esa construcción, el problema persiste. Porque lo que está en juego no es solo Venezuela, sino el precedente que se establece. Hoy el argumento puede ser "liberar a un pueblo"; mañana, cualquier excusa puede servir. Cuando las intervenciones militares se justifican sin criterios claros y consensuados, la soberanía deja de funcionar como límite y se transforma en una variable flexible, manipulable según conveniencia.

La historia latinoamericana ofrece sobrados motivos para la desconfianza. Cada vez que Estados Unidos actuó como garante autoproclamado de la democracia en la región, los resultados estuvieron lejos de fortalecerla. Golpes de Estado, dictaduras sostenidas, intervenciones encubiertas y países tratados como piezas de ajedrez forman parte de una memoria que no puede borrarse con discursos grandilocuentes.

Por eso, reducir el debate a una defensa o condena de Maduro es un error. El foco debería estar puesto en la lógica que se habilita. Una lógica en la que la fuerza se coloca por encima del derecho, en la que las instituciones multilaterales son ignoradas y en la que una potencia decide, sola, quién gobierna y quién no. Esa deriva quedó aún más expuesta cuando Trump afirmó que Estados Unidos "dirigirá" Venezuela hasta que haya una "transición segura", asumiendo de facto el control del país y omitiendo cualquier referencia a la oposición democrática venezolana. La afirmación es, lisa y llanamente, inaceptable.

La preocupación no es abstracta ni lejana. Si se naturaliza este tipo de intervenciones, ningún país está verdaderamente a salvo. Para quienes miran el mapa desde Washington, América Latina suele aparecer como un espacio subordinado, prescindible, de valor estratégico antes que humano.

La democracia no se exporta a golpe de misil ni se impone desde el aire. Mucho menos cuando quien la invoca ha demostrado reiteradamente su desprecio por las instituciones, las reglas y el multilateralismo. Defender este principio no implica defender al régimen venezolano. Implica defender un orden internacional que, con todas sus falencias, sigue siendo el único dique frente a la arbitrariedad.

Condenar a Maduro y, al mismo tiempo, rechazar la invasión no es una contradicción. Es, quizás, la única posición coherente en un mundo cada vez más tentado por la fuerza y cada vez menos dispuesto a respetar límites. La discusión que se abre no es solo sobre Venezuela, sino sobre qué tipo de reglas estamos dispuestos a aceptar para el futuro. Y ese debate nos involucra a todos.