Venezuela activó un decreto de conmoción exterior tras el ataque militar de Estados Unidos
La medida, firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, otorga al Ejecutivo poderes especiales para actuar con rapidez y firmeza ante lo que consideran una amenaza a la soberanía nacional.
El Gobierno de Venezuela decretó ayer el inicio del Estado de Conmoción Exterior en todo el país y habilitó más facultades para actuar en contra de aquellos que se pronuncien a favor de la intervención militar de Estados Unidos. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial. Lleva la firma de Nicolás Maduro, detenido y extraditado el sábado, y fue refrendado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La disposición tiene rango de ley y regirá por 90 días.
Además, contempla la posibilidad de una prórroga por otro período similar, por lo que podría extenderse hasta mitad de año. En los considerandos, el decreto expresa que "el ataque armado ejecutado por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela constituye una grosera violación del Derecho Internacional", tanto en lo que refiere a la Carta de las Naciones Unidas, así como de la declaratoria de América Latina y El Caribe como territorio de paz, realizada en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Además, recalca que, de acuerdo a la ONU, cualquier país "tiene el derecho inmanente a su legítima defensa" ante "un ataque armado totalmente ilegítimo e injustificado", por lo cual Venezuela lo "ejercerá implacablemente para repeler la agresión perpetrada por Estados Unidos de América contra su territorio y población". En ese sentido, consideran que la ofensiva de Estados Unidos contra el territorio venezolano "hace necesario e impostergable la adopción de medidas extraordinarias de seguridad y defensa para repeler la agresión".
EL ALA MILITAR CHAVISTA PONE CONDICIONES
La cohesión militar detrás del chavismo duro luce a simple vista intacta tres días después del ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Al menos no hay fisuras visibles en el rígido control del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, una figura histórica del ala militar del chavismo y que mantiene su cargo desde 2014, momento de la asunción del líder capturado. "Hasta ahora parece que las Fuerzas Armadas se mantienen unidas. No hay evidencia de una división", aseguró en un informe el analista Phil Gunson, especialista del área de Los Andes del Crisis Group, una ONG dedicada a la resolución de conflictos.
Padrino López no está solo. Lo secunda el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también militar. Ambos, por cuya captura el Departamento de Estado ofrece 15 y 25 millones de dólares, respectivamente, son el símbolo de la nueva paradoja que dominará al flamante gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez. Por un lado, entregan un respaldo fundamental para la sobrevivencia del chavismo, pero por el otro condicionarán el camino a cualquier tipo de transición que intente negociar la mandataria con el gobierno de Donald Trump.
El nuevo chavismo pos Maduro intenta dar una imagen de unidad y cohesión en torno a un discurso de combate y defensa de su líder preso en Nueva York. El folclore ideológico no ha variado. Necesita mostrarse cohesionado y beligerante frente a sus bases. Pero la realidad es distinta. El enorme poder de los hermanos Rodríguez, la presidenta Delcy y el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge, preocupa al ala militar encarnada por Padrino y Cabello. Es una lucha de larga data en la interna chavista.
LO QUE DICE EL DECRETO
Ante ese escenario, el decreto ordena la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo la autoridad directa del Presidente de la República. Y dispone la militarización de la infraestructura "de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado", además de ordenar al personal de dichas áreas a quedar sometido temporalmente al régimen militar. También habilita al jefe de Estado, en este caso Rodríguez, a ordenar "la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional", la restricción del ingreso al territorio nacional o el cierre de las fronteras nacionales. Y, como corolario, en una polémica disposición, habilitaría al Presidente a "restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional" y suspender el derecho a las reuniones y manifestaciones públicas. Por otro lado, también exhorta "a toda la población, en cada rincón del país y a lo largo de todo el territorio nacional, a asumir con firme fervor patriótico la defensa" de la Nación, involucrándose "activamente" en la implementación del decreto "en unión cívico-militar-policial, por la paz del país", la independencia, la soberanía "y el derecho al desarrollo". A su vez, suspende "temporalmente" los artículos de las leyes vigentes que sean "incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto".