Cuando viajar se vuelve un castigo

Una vez más, jueves y viernes pasados, la ciudad de Corrientes amaneció sin colectivos. Y una vez más la explicación fue la misma de siempre: un conflicto entre empresas concesionarias, la Unión Tranviarios Automotor de Corrientes y el Estado que se resuelve tarde, mal y, casi siempre, a costa de los pasajeros. El paro de más de 36 horas y la posterior conciliación obligatoria no hicieron más que confirmar una verdad incómoda que también es ya conocida: el sistema de transporte urbano funciona con los usuarios como rehenes permanentes.

Rehenes de empresas que dicen no poder pagar salarios, pero que continúan prestando un servicio deficiente, irregular y cada vez más caro, a pesar de los subsidios provinciales y municipales percibidos. Rehenes de un sindicato que, aun con salarios que superan ampliamente los ingresos promedio de la mayoría de los correntinos, elige el paro como primera herramienta de presión, midiendo el daño social que provoca, pero que no le importa demasiado. Y rehenes, también, de funcionarios que administran la crisis con parches, discursos repetidos y una alarmante ausencia de soluciones de fondo.

El conflicto salarial volvió a estallar con una ciudad paralizada, trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos, vecinos obligados a gastar lo que no tienen en remises o transporte informal. Todo esto en una capital donde el boleto ya se encuentra entre los más caros del país, y donde cada viaje pesa cada vez más en los bolsillos enflaquecidos de los pasajeros.

Las empresas concesionarias repiten un libreto conocido: la estructura de costos no cierra, los subsidios son insuficientes y los aumentos salariales resultan inviables. Sin embargo, poco se dice de la calidad del servicio que brindan, de las frecuencias incumplidas o de las unidades en mal estado. Administran un servicio público esencial, pero actúan como si se tratara de una mercancía cualquiera.

La UTA, por su parte, vuelve a quedar en el centro de las críticas. Nadie discute el derecho de los trabajadores a reclamar mejoras salariales ni la legitimidad de discutir ingresos en un contexto de crisis que se atraviesa. Pero sí resulta cuestionable la liviandad con la que se deja a una ciudad entera sin transporte, aun cuando los sueldos estaban pagos, aunque con valores anteriores. El paro total, sin servicios mínimos, convierte a los usuarios en daño colateral de una disputa que no generaron.

El Estado, lejos de ser un árbitro eficaz, aparece atrapado en su propia impotencia. El Municipio reconoce que destina más del 6% de su presupuesto al sistema, y que ya no tiene margen para aportar más fondos. La Provincia interviene cuando el conflicto ya explotó y apela a la conciliación obligatoria, como único recurso para apagar el incendio. Pero nadie explica porqué se llega siempre al borde del colapso.

Así se construyó un sistema frágil, sostenido con subsidios millonarios, tarifas altas y una permanente amenaza de paro. Un sistema donde todos pierden, pero algunos pierden más que otros. Porque mientras empresas y sindicato discuten cifras de millones, el pasajero común cuenta monedas para cargar la Sube y calcula si puede o no subirse al colectivo.

El dato de fondo es aún más preocupante: esta crisis estalla en la antesala de un nuevo proceso licitatorio del transporte urbano. Es decir, cuando debería debatirse seriamente qué modelo de transporte quiere Corrientes, con qué controles, con qué exigencias y con qué responsabilidades para cada actor. Sin embargo, el debate sigue reducido a apagar conflictos coyunturales y a administrar la emergencia.

El transporte público no puede seguir siendo un campo de batalla donde los usuarios siempre pierden. No puede ser que cada negociación salarial derive en un paro que paraliza la ciudad. No puede ser que el boleto suba, el servicio se deteriore y nadie asuma costos políticos ni económicos reales.

Viajar en colectivo en Corrientes se ha vuelto un castigo cotidiano. Y eso no es una fatalidad inevitable, sino la consecuencia directa de decisiones y omisiones que se repiten año tras año. Hasta que no se entienda que el usuario debe ser el centro del sistema y no la variable de ajuste, cada conflicto volverá a escribirse con el mismo final.

Empresas, sindicato y funcionarios tienen una responsabilidad compartida en este fracaso. Mientras sigan mirando el problema desde sus propias trincheras el resultado será el mismo: colectivos que no llegan, paradas llenas y pasajeros resignados.