El calor aprieta y las facturas también

Corrientes vuelve a estar en el centro de una decisión nacional que intenta contemplar una realidad evidente: el norte argentino es caluroso, cada vez más caluroso, y la energía eléctrica no es un lujo sino una necesidad básica para atravesar los veranos. La reciente resolución de la Secretaría de Energía, que amplía el tope de consumo eléctrico subsidiado hasta los 550 kWh mensuales para las zonas "muy cálidas", reconoce algo que los correntinos saben desde siempre: sin ventiladores ni aire acondicionado la vida cotidiana se vuelve directamente inviable.

Sin embargo, ese reconocimiento no debería generar falsas expectativas. Que Corrientes tenga un mayor rango de consumo subsidiado no significa, ni de lejos, que las facturas de luz vayan a ser accesibles o fáciles de pagar. Por el contrario, todo indica que el nuevo esquema de subsidios energéticos, aún con diferenciales regionales, exigirá un nivel de cuidado y racionalidad en el consumo que muchos hogares difícilmente puedan sostener sin resignar bienestar.

El nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) marca un cambio de fondo en la política tarifaria. Se terminó la segmentación por ingresos en tres niveles y se pasó a un modelo más simple, pero también más rígido: hogares con subsidio y hogares que pagan el costo pleno de la energía. El acceso a la asistencia estatal queda limitado a quienes tengan ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, un umbral que deja a una enorme franja de trabajadores formales e informales en una zona gris: no son considerados vulnerables por el sistema, pero tampoco tienen espalda económica para absorber tarifas cada vez más altas.

En ese contexto, el anuncio de un tope de 550 kWh subsidiados para Corrientes aparece como un alivio parcial. Es cierto que el margen es mayor al del resto del país y que responde a criterios técnicos y climáticos razonables. También es verdad que en el NEA la electricidad cumple un rol central que en otras regiones cubre el gas natural, muchas veces inexistente en amplios sectores urbanos y prácticamente ausente en zonas rurales. Pero aun con ese "beneficio" el consumo excedente se pagará a valores plenos, y allí es donde el golpe al bolsillo puede volverse devastador.

Además, el impacto real de este nuevo esquema todavía está por verse. La aplicación se demoró por cuestiones administrativas y recién comenzaría a regir en febrero, con facturas que reflejarían los cambios a partir de marzo. Para entonces el verano seguirá siendo intenso y el uso de equipos de refrigeración continuará siendo alto. La combinación de calor extremo, aumento de precios mayoristas de la energía y quita gradual de subsidios es una ecuación peligrosa para la economía doméstica.

A esto se suma la eliminación de programas que funcionaban como redes de contención, como la tarifa social federal de gas y Hogar para garrafas. Aunque se prometió una migración ordenada de los beneficiarios al nuevo régimen, la experiencia indica que estos procesos suelen ser lentos, burocráticos y llenos de zonas grises. Mientras tanto, miles de familias quedan a la espera, sin saber con certeza cuánto van a pagar ni qué nivel de asistencia recibirán.

El discurso oficial insiste en la necesidad de promover un consumo más eficiente y responsable. El concepto es correcto, pero choca contra una realidad estructural que no puede ignorarse. En Corrientes la eficiencia energética no depende solo de la voluntad individual. Muchas viviendas no están preparadas para el calor extremo, carecen de aislación térmica y obligan a un uso intensivo de electricidad para lograr condiciones mínimas de habitabilidad. Pedir ahorro sin políticas complementarias de vivienda, infraestructura y acceso a tecnología eficiente es, cuanto menos, incompleto.

El mensaje hacia los correntinos debería ser claro y honesto: aun con un mayor consumo subsidiado, habrá que extremar cuidados. Cada kilovatio que se pase del límite tendrá un costo difícil de afrontar. No habrá bolsillo que aguante si el uso de la energía no se vuelve una preocupación cotidiana, casi obsesiva. Y no porque falte conciencia, sino porque el sistema está diseñado para trasladar, de manera cada vez más directa, el costo real de la energía a los usuarios.

El riesgo es evidente. En una provincia con altos niveles de informalidad laboral, salarios rezagados y un costo de vida en constante aumento, las tarifas de luz pueden convertirse en un nuevo factor de exclusión. No se trata solo de pagar más, sino de elegir entre encender un acondicionador de aire o recortar en alimentos, medicamentos u otros gastos esenciales.

Cada kilovatio que se pase del límite tendrá un costo difícil de afrontar. No habrá bolsillo que aguante si el uso de la energía no se vuelve una preocupación cotidiana, casi obsesiva.