El gobierno oficializó las partidas del Presupuesto 2026
A través de una decisión administrativa, el Ejecutivo formalizó la distribución presupuestaria para cada organismo. Cuáles son los nuevos controles que se establecieron.
El gobierno formalizó ayer martes la distribución de las partidas previstas en el Presupuesto 2026 y estableció un nuevo esquema de control para la asignación de fondos y la cobertura de cargos en la administración pública. Lo hizo a través de la decisión administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma constituye el paso administrativo que pone en marcha la ejecución efectiva del Presupuesto aprobado por el Congreso mediante la Ley 27798. En su artículo primero, la decisión dispone: "Distribúyanse (…) los gastos corrientes y de capital, los gastos figurativos, las aplicaciones financieras, los recursos, las contribuciones figurativas y las fuentes financieras, los cargos y horas de cátedra previstos en la Ley N.° 27798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026".
De esta manera, el Ejecutivo desglosó oficialmente cómo se repartirán los créditos presupuestarios entre los distintos ministerios, organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social. La medida también establece que el jefe de Gabinete será el encargado de definir la apertura de los créditos "como mínimo a nivel de las partidas limitativas", lo que le otorga un rol central en el control del gasto público durante el año. Uno de los ejes centrales de la decisión administrativa es el endurecimiento de los requisitos para la incorporación y gestión de personal en el Estado. El artículo 2° obliga a todas las jurisdicciones a remitir de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda información detallada sobre "la evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza". El objetivo declarado es contar con un seguimiento permanente de la dotación estatal y de los movimientos laborales dentro de cada organismo. En la misma línea, el artículo 3° fija condiciones estrictas para cubrir vacantes: las dependencias deberán "certificar la vacancia de los mismos y su correspondiente financiamiento". Es decir, ningún cargo podrá ser ocupado si previamente no se demuestra que está efectivamente libre y que existe presupuesto disponible para sostenerlo.
El control sobre los cargos jerárquicos también quedó reforzado. Según el artículo 4°, cualquier incorporación, reasignación o modificación en puestos del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) deberá ser aprobada por el Presidente y contar con la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública -dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado- y de la Secretaría de Hacienda. Además, los organismos deberán acompañar "la fundamentación correspondiente y un análisis de su costo y del financiamiento presupuestario". Otro punto relevante es la regulación de los gastos de inteligencia. La decisión establece que las jurisdicciones que manejen partidas de ese tipo, incluidos los denominados gastos reservados, deberán contar con la conformidad previa de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) antes de solicitar modificaciones presupuestarias o reprogramar su ejecución. La norma también fija criterios para la realización de compras y obras públicas. El artículo 19 dispone que "las Jurisdicciones y Entidades no podrán contratar obras y/u ordenar compras de bienes de uso" sin contar previamente con la calificación técnica favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Con esta exigencia, el gobierno busca reforzar los mecanismos de evaluación antes de habilitar nuevas erogaciones.
En materia de administración financiera, se definieron reglas sobre el carácter "indicativo" o "limitativo" de distintas partidas del gasto, así como los procedimientos para efectuar modificaciones presupuestarias durante el ejercicio. También se estableció un cronograma para que organismos y empresas públicas ingresen al Tesoro Nacional las contribuciones que les correspondan, con vencimientos trimestrales a lo largo de 2026.