Rutas al límite
Hay señales que no admiten interpretaciones ambiguas. El estado de las rutas nacionales en Corrientes es una de ellas. Calzadas deterioradas, banquinas descalzadas, baches profundos, ahuellamientos y tramos directamente intransitables configuran un escenario que excede la incomodidad del viaje y se instala, sin eufemismos, en el terreno del riesgo permanente. Circular hoy por corredores clave como las rutas nacionales 12 y 14 se parece cada vez más a una ruleta rusa, donde la suerte pesa más que la planificación y la infraestructura.
Los informes técnicos de los trabajadores viales y los reclamos de municipios, empresarios y transportistas vienen advirtiendo desde hace años sobre esta situación. No se trata de un problema nuevo ni sorpresivo. Es el resultado acumulado de una política de abandono, de obras paralizadas y de un mantenimiento insuficiente que terminó por agravar un deterioro que ya era visible. La novedad, si cabe el término, es la magnitud del daño y la naturalización del peligro.
La Nación no puede ser indiferente frente a este cuadro. Las rutas nacionales son, por definición, responsabilidad del Estado nacional. Son corredores productivos, turísticos y de integración regional que sostienen economías enteras y conectan a Corrientes con el país y con el Mercosur. Desentenderse de su estado no es una omisión técnica: es una decisión política con consecuencias humanas.
Pero tampoco la Provincia puede mirar hacia otro lado. Las declaraciones del ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, los últimos días muestran una gestión abocada a atender emergencias climáticas, garantizar la transitabilidad y planificar mejoras en la red provincial. Sin embargo, cuando las rutas nacionales se transforman en trampas, el impacto no distingue jurisdicciones. El riesgo lo asumen los correntinos todos los días, sin importar quién deba firmar los contratos o girar los fondos.
El deterioro de la infraestructura vial no solo se mide en baches o asfalto roto. Se mide en accidentes, en vidas perdidas, en costos logísticos que asfixian a la producción y en un turismo que se desalienta ante la inseguridad del viaje. Cada tramo destruido de la Ruta 12 o la 14 es un obstáculo para el desarrollo y una advertencia que parece no ser escuchada en los despachos nacionales.
Los municipios del interior vienen alzando la voz desde hace tiempo. Saben que el mal estado de las rutas afecta el ingreso de visitantes, encarece el transporte de bienes y expone a sus vecinos a peligros constantes. Los empresarios lo repiten: sin rutas seguras no hay competitividad posible. Y los datos de siniestralidad confirman que el abandono tiene un correlato directo en el aumento de víctimas fatales.
En este contexto, resulta insuficiente hablar solo de bacheos, limpiezas de banquinas o arreglos provisorios. Las rutas nacionales en Corrientes necesitan obras estructurales, planificación de largo plazo y una decisión política clara de invertir en seguridad vial. Cualquier otra respuesta es apenas un paliativo que posterga el problema y profundiza el riesgo.
La Provincia, por su parte, debe sostener el reclamo con firmeza y, al mismo tiempo, reforzar las acciones de coordinación, control y señalización que estén a su alcance. La emergencia no admite disputas estériles ni excusas burocráticas. Cuando el asfalto cede y los accidentes se multiplican, la discusión sobre competencias pierde sentido frente a la urgencia.
La infraestructura vial no es un gasto: es una inversión en vida, en desarrollo y en integración. Cada día que pasa sin respuestas concretas es un día en el que miles de correntinos transitan por rutas que no garantizan lo más básico: llegar a destino.
No es un problema nuevo ni sorpresivo. Es el resultado acumulado de una política de abandono, de obras paralizadas y de un mantenimiento insuficiente que terminó por agravar un deterioro que ya era visible. La novedad es la magnitud del daño y la naturalización del peligro.