Reforma laboral: las provincias perderían $3,18 billones en coparticipación
Un nuevo informe advierte que el proyecto de ley de modernización laboral, que impulsa el gobierno libertario, generaría un impacto fiscal significativo en las arcas provinciales. Se trata del informe técnico elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el cual afirma que la reforma implicaría una pérdida total de $3,187 billones en concepto de coparticipación federal para el conjunto de las provincias argentinas, producto de la reducción y eliminación de diversos tributos nacionales.
En el caso de Corrientes el costo estimado alcanzaría los $67.247 millones anuales, indica el índice de distribución del Consejo Federal de Inversiones, vigente para 2026.
Según el estudio las provincias más afectadas serían Buenos Aires, con una pérdida de $397.257 millones; seguida por Córdoba, con $160.628 millones; y Santa Fe, con $161.673 millones.
El informe describe que el proyecto "introduce cambios estructurales en el financiamiento de la seguridad social y las provincias". En este sentido, destaca que contempla una serie de medidas tributarias que explican la merma en la recaudación nacional. Entre las principales se encuentra la reducción de las contribuciones patronales, que pasarían del 20,4% al 17,4% para las empresas del sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Esta baja, junto a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa. El FAL se financiaría con "una reducción de 3 puntos en contribuciones patronales", que según el informe es "neutro para el empleador, pero no para el Sipa (Sistema Integral Previsional Argentino)".
Las modificaciones
El proyecto también propone una reducción de tres puntos en el impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades en sus dos tramos superiores, lo que representa una disminución del 10% en la alícuota. Además, elimina por completo el impuesto que grava rentas financieras de personas humanas con tasas de hasta el 15%, con excepción de las operaciones con criptomonedas.
Según el estudio, estas modificaciones, sumadas a la derogación parcial de los impuestos internos que gravan seguros, telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves, conforman el paquete de medidas que afectan directamente a los tributos coparticipables.
Según el análisis, más de la mitad de la recaudación que se perdería por estas medidas corresponde a impuestos que se distribuyen entre las provincias a través del régimen de coparticipación federal.
El impacto varía según el coeficiente de coparticipación de cada provincia. La Ciudad de Buenos Aires perdería $44.621 millones, mientras que Catamarca, con una participación levemente mayor, resignaría $49.826 millones. Otras provincias: Corrientes perdería $67.247 millones; Chaco: $90.244 millones; y Salta: $69.338 millones.
Además de la pérdida en coparticipación, el proyecto incluye una reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada a obras sociales. Al respecto, el informe advierte que esta rebaja "tendrá un impacto enorme en todos los servicios de salud de los trabajadores, ya sean prepagas u obras sociales sindicales", aunque aclara que esta medida "no impacta en la recaudación" tributaria provincial directamente.
El análisis se realizó tomando como base las proyecciones de recaudación para 2025 y las previsiones establecidas en el Presupuesto de 2026. Los cálculos contemplan la recaudación efectiva de contribuciones patronales, descontando el componente del sector público que representa en promedio el 10,6% del total mensual.
La pérdida total de recaudación incluye no solo la afectación a la coparticipación provincial, sino también a la merma en los recursos destinados al sistema de seguridad social nacional, particularmente al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), al Pami, al Fondo Nacional de Empleo y el régimen de asignaciones familiares.
NÚMERO-67.247
Son los millones de pesos que resignaría la provincia de Corrientes con la aprobación de la reforma laboral.