Cuando mueren más bebés, algo profundo está fallando
La Argentina atraviesa una señal de alerta silenciosa pero estremecedora: volvió a subir la mortalidad infantil, un indicador que durante décadas había mostrado una tendencia sostenida a la baja. No se trata solo de una cifra estadística ni de una variación técnica. Se trata de vidas truncadas antes de empezar. Y cuando ese número crece, el mensaje es claro: hay factores estructurales que se están deteriorando.
En 2024, la tasa de mortalidad infantil pasó de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos. Puede parecer un cambio pequeño en apariencia, pero es el primero desde 2002 y rompe más de veinte años de descenso sostenido. En números absolutos, eso significó 3.513 muertes de bebés menores de un año en el país.
Más grave aún es que ese aumento no fue homogéneo. Corrientes encabeza el ranking nacional con una tasa de 14 muertes infantiles cada 1.000 nacidos vivos, muy por encima del promedio nacional. Le siguen Chaco y La Rioja, consolidando un mapa que expone profundas desigualdades territoriales.
No es casual. La mortalidad infantil es, históricamente, uno de los indicadores más sensibles para medir el estado real de una sociedad. Resume en un solo número el acceso a la salud, la calidad de la atención médica, la nutrición, la vivienda, el agua potable, la educación materna y el contexto económico general.
Cuando ese indicador empeora, casi nunca responde a una sola causa. Es, más bien, el resultado de una suma de fragilidades que terminan impactando sobre los sectores más vulnerables: madres pobres, embarazos sin controles adecuados, neonatos con atención insuficiente o entornos sociales adversos.
En el caso de Corrientes, el problema obliga a mirar múltiples dimensiones. Primero, el sistema sanitario. En contextos de crisis económica, el sistema público recibe mayor demanda. Cuando más personas pierden cobertura privada o ven deteriorarse sus ingresos, la red pública absorbe esa presión. Y si esa red no crece al mismo ritmo, aparecen las grietas.
Diversos análisis advierten que el deterioro social y la pobreza impactan directamente en la salud infantil. Si fallan la nutrición, el acceso al agua segura, la vacunación o la atención primaria, el riesgo de muerte infantil aumenta.
El contexto socioeconómico argentino de los últimos años suma preocupación. Más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que incrementa la demanda del sistema público y dificulta el acceso oportuno a controles médicos y tratamientos.
En ese escenario, la salud materna es un punto crítico. Los controles prenatales tempranos permiten detectar riesgos, tratar enfermedades, prevenir prematurez y reducir complicaciones. Cuando el acceso a esos controles se debilita -por falta de turnos, transporte, dinero o información- la mortalidad neonatal tiende a crecer.
También aparece un dato preocupante: la caída en los niveles de vacunación infantil en los últimos años. La disminución de coberturas genera el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles y aumenta la vulnerabilidad sanitaria en los primeros meses de vida.
La mortalidad infantil se divide en dos etapas: neonatal (primeros 27 días) y posneonatal (hasta el año). La primera está más vinculada a calidad del embarazo, parto y atención médica inmediata. La segunda se relaciona más con condiciones sociales, ambientales y de cuidado.
Si la tasa sube, hay que mirar ambas dimensiones. Y en provincias con mayor desigualdad estructural, el impacto suele ser más fuerte porque los factores sociales y sanitarios se potencian entre sí.
La mortalidad infantil no baja solo con tecnología médica. Baja con Estado presente, con prevención, con acompañamiento territorial, con políticas sociales sostenidas y con un sistema sanitario integrado.
La historia argentina demuestra que cuando mejoran las condiciones de vida, la mortalidad infantil cae. Cuando se deterioran, vuelve a subir.
Por eso, más que una estadística, este indicador es un espejo. Y hoy ese espejo está mostrando algo incómodo
Corrientes, en particular, enfrenta un desafío enorme. El salto de su tasa muestra que algo se quebró en la cadena de protección sanitaria y social. Y cuando eso ocurre, las primeras víctimas suelen ser las más invisibles: los recién nacidos.