El ajuste a la clase media

La medida oficial del nuevo esquema de subsidios energéticos marca un cambio profundo en la política tarifaria del país. Formalmente, se trata de un ordenamiento administrativo destinado a corregir irregularidades: millones de usuarios que recibían subsidios sin corresponderles, hogares registrados a nombre de personas fallecidas y residentes en countries que figuraban como beneficiarios de ingresos bajos. El Gobierno nacional sostiene que, con esta reforma, se avanza hacia un sistema más transparente, equitativo y sostenible. Sin embargo, detrás de ese discurso emerge una preocupación central que atraviesa a la sociedad: ¿quién pagará el costo real de esta transición?

Porque si bien el Ejecutivo asegura que los sectores de menores ingresos mantendrán el subsidio, lo cierto es que el peso del ajuste volverá a recaer sobre la clase media, ese universo amplio y diverso que sostiene gran parte de la economía nacional, pero que en cada ajuste ve cómo su capacidad de compra se erosiona sin pausa. La eliminación de la histórica tarifa social, junto con el fin de la segmentación N1, N2 y N3, y del programa Hogar como esquema separado, da paso a un sistema binario: habrá solo dos categorías, hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Una reforma simple en apariencia, pero con consecuencias complejas.

Según lo informado, solo quienes acrediten ingresos menores a tres canastas básicas totales -hoy equivalentes a $3.641.397- podrán acceder al beneficio. El resto deberá afrontar el costo pleno de la energía. En un país en el que la inflación acumulada, la pérdida salarial sostenida y el encarecimiento general de servicios esenciales han golpeado fuertemente a los sectores medios, la posibilidad de tener que pagar tarifas sin ningún tipo de compensación estatal genera una profunda inquietud. Porque la tarifa plana de la energía, ya de por sí elevada, podría convertirse en un nuevo factor de asfixia económica.

La Secretaría de Energía anunció que quienes ya se encuentran inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase) no deberán registrarse nuevamente, y que su información será migrada de manera automática. También destacó que más de 3,3 millones de usuarios del programa Hogar se incorporarán al nuevo esquema bajo reglas "más claras y homogéneas". Pero más allá de estos datos administrativos, lo que se impone es una pregunta de fondo: ¿cuántas familias de clase media quedarán afuera del subsidio, aun sin llegar a cubrir lo necesario para vivir con dignidad?

En electricidad, los hogares subsidiados tendrán un descuento del 50% sobre un bloque limitado de consumo: 300 kW/h mensuales en períodos de alta demanda y 150 kW/h en los meses templados. En el caso del gas por redes el subsidio se concentrará solo entre abril y septiembre. En los meses restantes no habrá ningún tipo de bonificación. Y si bien en 2026 habrá una bonificación extraordinaria del 25% en enero -que llevará temporalmente la ayuda al 75% en electricidad y al 25% en gas- esta reducción se irá aplicando hasta desaparecer en diciembre del año próximo. Es decir, mientras la inflación continúe empujando hacia arriba a los precios, los subsidios seguirán su camino inverso. Mientras tanto, la consigna oficial insiste en que es necesario "cuidar la plata de los argentinos" y evitar que la ayuda social se diluya en un beneficio generalizado. Nadie discute la importancia de ordenar un sistema que acumulaba descontrol y filtraciones. Nadie niega que es indispensable garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan. Pero la clase media, nuevamente, queda atrapada en el lugar más incómodo: el del esfuerzo sin respaldo, el del sacrificio sin compensación. La transición energética es imprescindible, la sustentabilidad del sistema también. Pero resulta imposible sostener un proyecto económico estable golpeando una y otra vez a quienes trabajan, producen, consumen, pagan impuestos y motorizan el movimiento cotidiano del país.