El Gobierno concentra todos los esfuerzos en lograr la media sanción de la Reforma laboral
Con fuerte hermetismo por los detalles, Bullrich recibirá a legisladores aliados en el Senado. La ronda de contactos de Santilli. El posible encuentro de la mesa política.
A 48 horas de la sesión inaugural del proceso de prórroga de extraordinarias, convocada hasta el 27 del mes, el Gobierno nacional concentra su atención en la sanción de la Reforma Laboral, que se tratará mañana miércoles, a las 11, en la Cámara de Senadores y se muestra abierto a instrumentar cambios. Con el detalle de los mismos en reserva, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, recibirá en el Senado a los legisladores aliados para terminar de definir el articulado del proyecto.
"Siempre estuvimos abiertos a cambios, pero no vamos a ceder en nada excepto en lo que haya que ceder", definió ante Infobae una importante funcionaria. "Hasta ahora persiste la postura de mantener Ganancias, veremos más cerca de la fecha", bromeó un integrante de la política ante este medio sobre la posibilidad abierta. Otra voz del Ejecutivo confesó: "Nadie entiende que el tema se sostiene por el relato. La ley con o sin Ganancias no cambia en nada". Como contó este medio, la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, mientras hay quienes anticipan -por lo bajo- que no está cerrada la opción de excluir el apartado de ser necesario.
Lo cierto es que el bloque que preside Eduardo Vischi prestará sus instalaciones en el recinto con el objetivo de avanzar en los compromisos de cambios asumidos por los alfiles violetas. "Son varios puntos, pero nos comprometimos a no decir nada hasta que se concreten", contó a este medio un integrante de la bancada.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, dio algunas pistas de la táctica legislativa y en coincidencia con el senador libertario Bartolomé Abdala, admitió la posibilidad de habilitar cambios. El funcionario que ayer a la mañana se reunió por segunda vez en lo que va del año con el chaqueño Leandro Zdero, garantizó contar con los votos necesarios para la aprobación, aunque habló de "correcciones".
"El objetivo es tener una modernización laboral. Obviamente, la tarea de Patricia (Bullrich) y su equipo en el Senado es aceptar alguna corrección, algún tema que se vislumbre importante. Porque si hay algo que es positivo y mejor para la ley, bienvenido sea", remarcó en declaraciones a Radio Rivadavia.
Cuando los relojes daban las 10.30, el ex legislador del PRO recibió en sus oficinas al primer gobernador aliado a La Libertad Avanza, quien anticipó su voluntad de apoyar la reforma. En la previa, el chaqueño visitó al armador del interior, Eduardo "Lule" Menem.
En el sprint final rumbo a la primera parada del desafío legislativo, Santilli acciona una nueva ronda de contactos con los representantes provinciales, mayormente telefónicos, para ordenar el tablero. Se trata de la culminación de una tarea que inició a principios de enero con visitas a las provincias.
Otro de los que optó por enfatizar que "el oficialismo escucha y está dispuesto a consensuar y acordar" con los bloques dialoguistas fue el presidente previsional del Senado. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abdala planteó además que las modificaciones serán "leves" y se aplicarán en función de "modernizar" el proyecto.
Con la agenda ajustada, los integrantes de la mesa política definieron el mejor día para ultimar los detalles con la mira puesta en la sesión del miércoles. Pese a que estaba previsto realizarla el mismo día, este martes a las 11 será la jornada ideal para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reciba en sus oficinas a Patricia Bullrich; a Diego Santilli; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al asesor presidencial, Santiago Caputo; y al ministro de Economía, Luis Caputo. Según supo este medio, la asistencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con actividades durante la jornada, está en duda.
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La Justicia procesó a ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández
El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de trece personas, entre ellas ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y responsables de cooperativas, en el marco de la denominada Causa Guardapolvos. La investigación penal analiza una presunta maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, vinculada a la compra de guardapolvos escolares destinados a sectores vulnerables. La maniobra investigada se concretó durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando la ministra de Desarrollo Social era Victoria Tolosa Paz. La denuncia penal fue presentada ante la Justicia por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.
Según la resolución judicial, los hechos giran en torno a un convenio firmado en 2023 entre el entonces Ministerio de Desarrollo Social y la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., mediante el cual el Estado otorgó $ 710.366.250 para la confección de 165.000 guardapolvos. El juez consideró que una parte sustancial de esos fondos fue administrada en forma indebida, sin respaldo documental suficiente que acredite la producción y entrega efectiva de las prendas comprometidas.
Entre los procesados figura Leonardo Sebastián Moyano, la mano derecha de la ex ministra de Alberto Fernández, quien se desempeñó como secretario de Articulación de Política Social entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. El juez le atribuyó la firma del convenio, la autorización de los desembolsos, la certificación de entregas y la suscripción de adendas y prórrogas, pese a inconsistencias e incumplimientos. También fueron procesados Osvaldo Eugenio Minervini, director de Organización Comunitaria, por omitir controles y supervisión efectiva, y Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa, por haber sostenido el trámite administrativo pese a las irregularidades detectadas.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, realizó la denuncia judicial por presuntas irregularidades en la confección de guardapolvos para los sectores más vulnerables
En la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda. fue procesada Paula Rosana Goroso, presidenta, por recibir los fondos y no acreditar que la cooperativa hubiera producido los guardapolvos con trabajo propio de sus asociados ni cumplido el objeto del convenio. Además, se dictó procesamiento contra Mirta Lorena Zafra y Yesica Gabriela Goroso, integrantes del Consejo de Administración, por participar en la operatoria que permitió la disposición irregular de fondos, y contra Olga Edith Martínez, vinculada a otra cooperativa, por beneficiarse de fondos cuya aplicación no fue acreditada.
El juez extendió el procesamiento a responsables de cooperativas subcontratadas, como Matías Sebastián Celano, Lucas Marcelo Acosta, Marcela Verónica Campanella, Alexis Oscar Lugos, Gladis María Itatí Lugos (síndico titular de la cooperativa Solutex Ltda.) y Mario Gustavo Figueroa, por la recepción de fondos sin que exista acreditación de producción real, trazabilidad del dinero ni relación directa con la confección textil.
El contrato celebrado preveía un subsidio de $ 710.366.250 para la confección de 165.000 guardapolvos, sin licitación pública y bajo modalidad de convenio directo en el marco de programas sociales. El convenio fue firmado por Leonardo Sebastián Moyano en representación del Ministerio de Desarrollo Social.
La investigación identificó tres cifras clave respecto a la entrega de guardapolvos: 115.500 guardapolvos certificados como recibidos por el funcionario firmante, 163.195 guardapolvos que la cooperativa afirmó haber entregado mediante remitos y 78.702 guardapolvos que el juez consideró documentalmente respaldados, ya que solo ocho remitos contaban con sello oficial del Ministerio. Para Casanello, esta inconsistencia impide tener certeza sobre el cumplimiento del contrato.
El juez sostuvo que no se acreditó que la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda. tuviera capacidad productiva propia para cumplir el convenio: no se presentaron nóminas de trabajadores, pagos de retornos a asociados ni pruebas de una estructura productiva acorde al volumen contratado. Además, se verificó una subcontratación de hecho con otras cooperativas, entre ellas Solutex Ltda., y el desvío de fondos hacia entidades que no guardaban relación con el rubro textil, lo que contradice el espíritu del programa.